Alista el INE consulta popular

QUERÉTARO, Qro., 24 de junio 2021.- Este 1 de agosto se realizará la primera consulta popular, solicitada por el jefe del Ejecutivo, revisada constitucionalmente por la Suprema Corte de Justicia, aprobada por el Congreso de la Unión y organizada por el INE, en la que 93 millones de ciudadanos podrán participar para opinar sobre una pregunta cuya redacción modificó la Corte.

La pregunta es “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Sí o No”.

A este ejercicio se le conoce también como una consulta para conocer el sentir de los ciudadanos sobre si se enjuicia o no a los expresidentes.

Según la Secretaría de Gobernación, la consulta popular es un “mecanismo de participación ciudadana que sirve para ejercer el derecho constitucional para votar en torno a temas de trascendencia nacional de manera que su voluntad, vinculante conforme dicte la ley, pueda incidir en el debate y las decisiones que adoptan los órganos representativos del Estado”.

Actualmente, el Instituto Nacional Electoral, a través de sus Juntas Locales, está calculando el costo y el número de mesas receptoras de opiniones, que se instalarán en todo el país, a fin de que los ciudadanos y ciudadanas acudan a expresar su opinión sobre la pregunta antes mencionada.

Cabe aclarar que el resultado de la Consulta será vinculante, es decir, el Estado tendrá que tomar acciones para obedecer el mandato popular, si al menos el 40% de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal acude a participar.

Esto significa que aproximadamente 37.5 millones de mexicanos tendrían que acudir a expresar su voluntad.

En las próximas semanas se oficializará el número de mesas receptoras y sus costos, por parte del INE, aunque los consejeros han mencionado que podría tratarse de unas 50 a 59 mil mesas receptoras, y el costo podría estar por arriba de 8 mil pesos por mesa, por lo que el costo rebasaría los 500 millones de pesos.

El INE había solicitado 1,500 millones de pesos para instalar 163 mil mesas receptoras en todo el país, pero la Cámara de Diputados no le otorgó los recursos, luego solicitó a la Secretaría de Hacienda una ampliación presupuestal de 890 millones de pesos para instalar 101 mil mesas de recepción, recursos que le fueron negados, y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó al INE una acción de inconstitucional, considerando “que no existe ni constitucional ni legalmente una obligación dirigida al Congreso de la Unión para que al emitir el Decreto que contiene la Convocatoria a la consulta popular, establezca o determine los recursos económicos con los que el INE deberá llevar a cabo la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la consulta popular”.

Con información de Excélsior