Advierte CNDH de persistencia de tortura en México

CIUDAD DE MÉXICO, 27 de junio de 2019. — La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) subraya que la persistencia de la práctica de la tortura en nuestro país nos aleja de la consolidación de la institucionalidad y del respeto a la legalidad, mientras ese flagelo se erige como el triunfo de la ilegalidad sobre las leyes; del abuso, la violencia y la intransigencia sobre la institucionalidad y del miedo y el terror sobre el respeto a la dignidad de las personas. Por medio de un comunicado, urge que autoridades y sociedad reconozcan, entiendan y vean de frente el problema. Negarlo o relativizarlo no ayuda a nadie y perjudica a todos.

México cuenta con el entramado institucional y normativo para enfrentar esa deleznable práctica y consolidar su democracia, su Estado de derecho y el reconocimiento y vigencia efectiva de los derechos humanos. Para esta Comisión Nacional, la tortura es una práctica injustificable e inaceptable bajo cualquier supuesto. No hay un fin que permita ser tolerantes con ella, así como tampoco niveles o rangos aceptables del flagelo.

No es una mal menor ni cuestión que se pueda asumir como inherente a la investigación de los delitos o como producto de una cultura o forma de justicia arraigada en el país. Tampoco es vía para la justicia o para alcanzar la seguridad, sino delito, abuso de poder que mediante el dolor, miedo, humillación y sometimiento niega la humanidad de quien la sufre y elimina su libertad, su capacidad de decisión y de actuar por sí mismo.

Este Organismo Constitucional Autónomo enfatiza que no debemos esperar a que la tortura se presente para actuar. Detectar los entornos y condiciones bajo las cuales se posibilita o propicia es una de las claves para su prevención, aspecto al que no se le ha dado la importancia debida. La tortura puede presentarse en cualquier lugar y momento, ya que es un riesgo latente cuya posibilidad de que se actualice debe reducirse.

La transparencia y la visibilidad de la actuación de la autoridad, la posibilidad real de que los casos que se presenten se denuncien y se evidencie a quienes los cometan, y evitar que en ellos subsista la impunidad son algunas de las medidas que, si se concretan, pueden empezar a marcar un cambio.

De acuerdo con los registros de la CNDH, del año 2000 al 31 de mayo de 2019 ha recibido un total de 11,939 quejas, de las cuales 11,549 se refieren a tratos crueles, inhumanos o degradantes, y 390 señalan expresamente el delito de tortura.

Del total de quejas, 5,813 concluyeron por orientación; 2,635, por no existir materia; 760, por conciliación; 704, se resolvieron durante el trámite; 539, por acumulación; 321, por desistimiento del quejoso; 308, por falta de interés procesal del quejoso; 50, por orientación y remisión a organismo local; 29, por no competencia; 1, por no responsabilidad de la autoridad; 436 están en trámite y se han emitido 322 recomendaciones particulares y 21 por violaciones graves, tanto por tortura como por tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Las recomendaciones por violaciones graves por tortura en dicho periodo se dirigieron a la Fiscalía General de la República, 6; Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 5; Secretaría de la Defensa Nacional, 3; Secretaría de Marina, 3; Gobernador del Estado de México, 2; Gobernador del estado de Michoacán, 2, y Ayuntamiento de Iguala de la Independencia, Guerrero, 2. Por otra parte, las principales autoridades a las que se dirigieron las recomendaciones particulares por tortura son Secretaría de la Defensa Nacional, 50; Secretaría de Marina, 25; Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 25; Fiscalía General de la República, 17; Gobernador del Estado de Tabasco, 4; 3 a cada uno de los gobernadores de los estados de Chihuahua, Baja California, Guerrero y San Luis Potosí, así como a la Procuraduría General de Justicia Militar, en tanto que 2 recomendaciones se dirigieron a cada uno de los gobernadores de los estados de Durango, Guanajuato, México, Nuevo León, Puebla y Quintana Roo, así como el mismo número al Instituto Nacional de Migración.

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