Administración Municipal no es responsable de actuar como denunciante

QUERÉTARO, Qro., 29 de junio del 2016.-No es responsable la administración municipal actuar como denunciante en cuanto a los delitos de piratería que se cometían en el tianguis de la Alameda Hidalgo, así lo señaló Manuel Velázquez Pegueros secretario General de Gobierno del municipio de Querétaro.

Esto, luego de cuestionarlo sobre el número de denuncias que se han interpuesto a la autoridad federal y estatal por los delitos señalados con anterioridad por la autoridad municipal como la piratería, el funcionario señaló que la facultad del municipio era dar vista a la Procuraduría General de la República de la existencia de actos delictivos y sería esta, la encargada de determinar si existía tales irregularidades y, en su caso, iniciar algún tipo de procedimiento.

«Nosotros no somos denunciantes, nosotros no es que vayamos y presentemos, nosotros hacemos partícipes a las autoridades de los hechos que cualquier autoridad tiene la obligación de investigar, es decir, la Procuraduría tiene la obligación de llevar a cabo la investigación de hechos que son constitutivos de delito, no necesitamos que nosotros como municipio se les denuncie para poder actuar (…) nosotros lo que hacemos es correr vista (…) para efecto de que ellos deslinden si consideran llevar a cabo indagatorias» dijo el secretario.

Sin embargo, la abogada Consolación González Loyola hermana del presidente de la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto que operaba en el tianguis de la Alameda aseguró que era obligación del municipio de Querétaro presentar la denuncia en caso de que hubieran identificado un acto delictivo mientras seguía funcionando el tianguis de la Alameda y señaló que la ley obliga a cualquier ciudadano o autoridad a denunciar, en este caso en el que se identifican delitos, según la abogada, no es permisible dar vista.

«Denunciar un acto delictivo es una obligación no es si quieren o no quieren (…) el municipio de Querétaro si tiene conocimiento de un acto delictivo tiene que denunciar no se le da vista tiene la obligación de denunciar» dijo.

En cuanto a la legalidad de las acciones del municipio al retirar sin previo aviso los carritos instalados en la zona, González Loyola, precisó que no se siguió el procedimiento jurídico apropiado pues debió de haber una notificación a los comerciantes y un proceso ante un juez civil para realizar dicho aseguramiento de los vehículos.

Al respecto Velázquez Pegueros señaló que esta forma de proceder, que González Loyola dice que debió de haber sido, es una opinión jurídica, sin embargo, señaló que el Reglamento Para el Desarrollo de Actividades Comerciales en Vía Pública establece en su artículo noveno que la autoridad está facultada para asegurar la mercancía en caso de que no se contara con la autorización pertinente.

Hasta el momento, según Velázquez Pegueros, se le ha devuelto la mercancía a 175 comerciantes de los cuales han sido reubicados 98, es decir, que aproximadamente la mitad de vendedores del tianguis de la Alameda ha recuperado su mercancía.