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QUERÉTARO, Qro., 29 de abril de 2026.- El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios, a quienes vincula con una presunta red de corrupción que habría favorecido las operaciones del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con el documento judicial, el gran jurado sostiene que los acusados habrían participado en una asociación delictuosa para importar narcóticos —incluidos fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina— a territorio estadounidense, además de colaborar con una facción del grupo criminal conocida como “Los Chapitos”. Según la acusación, esta red operó durante años mediante sobornos, filtración de información confidencial y protección institucional a las actividades delictivas.
El expediente detalla que, presuntamente, funcionarios públicos de distintos niveles en Sinaloa facilitaron el tráfico de drogas al evitar detenciones, alertar sobre operativos e incluso participar en acciones contra rivales del cártel. A cambio, habrían recibido pagos millonarios provenientes del narcotráfico.
En el caso específico de Rocha Moya, el documento lo señala de haber sostenido reuniones con líderes criminales antes y después de su elección como gobernador, en las que —según la acusación— se habrían acordado apoyos políticos a cambio de permitir la operación del grupo delictivo en la entidad.
Además del cargo por conspiración para importar drogas, la acusación incluye delitos relacionados con el uso y posesión de armas de alto poder, como ametralladoras y dispositivos destructivos. También se imputan cargos adicionales por secuestro con resultado de muerte contra uno de los acusados, presuntamente vinculado a represalias contra una fuente de la DEA.
El documento también describe la estructura y operación del Cártel de Sinaloa, al que identifica como una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, responsable del tráfico masivo de drogas hacia Estados Unidos y de altos niveles de violencia en México.
El caso quedó radicado ante la jueza federal Katherine Polk Failla, en Nueva York, y forma parte de una acusación de reemplazo dentro del expediente 23 Cr. 180. Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han informado sobre detenciones derivadas de este proceso.