CIUDAD DE MÉXICO, 8 de abril de 2018.- El Gobierno de la República acusa al gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado de mentir y engañar a la sociedad, por sus dichos en relación al conflicto resuelto por el Poder Judicial de la Federación.
A través de la Secretaría de Gobernación, emitió un comunicado en el que puntualiza siete aspectos en donde señalan a Corral por su “desdén por las instituciones, las leyes y el pacto federal”.
La dependencia federal a cargo de Alfonso Navarrete Prida acusa al Gobernador chihuahuense de “de mentir y engañar a la sociedad” porque la resolución no satisface sus deseos.
- Las afirmaciones del Gobernador Corral ponen de manifiesto su desconocimiento sobre los principios básicos en los que se sustenta nuestro régimen jurídico-político: el pacto federal y la división de poderes. Quizá por ello, reconoció haber instruido tanto a la Fiscalía General de Chihuahua como al Poder Judicial del Estado, cómo actuar en casos de la competencia de estos órganos autónomos e independientes respecto al Ejecutivo Estatal, tal como sí lo establece la Constitución del estado de Chihuahua.
- Las afirmaciones del Gobernador Corral muestran un profundo desdén por las instituciones, las leyes y el pacto federal, al desconocer las resoluciones emitidas por un órgano constitucionalmente competente, que resolvió con base en pruebas y no a deseos personales o presiones políticas.
- Es falso que exista subordinación del Poder Judicial Federal al Poder Ejecutivo Federal, como sí ocurrió en el caso de Chihuahua con la destitución del Presidente del Tribunal de Justicia y del Fiscal General del Estado, violentando la Constitución de la entidad, como lo acreditó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del pasado 3 de abril de 2018, dictada en ese asunto.
- Es también falsa la afirmación que desde la Federación se pretenda dar protección a los inculpados en el asunto penal que el Gobernador señala, quizá no recuerda o evita recordar que fue la Policía Federal, dependiente de esta Secretaría de Gobernación, la que en apoyo de la Fiscalía de Chihuahua ejecutó la orden de aprehensión de uno de ellos y puso a disposición del Juez Local al supuesto principal probable responsable del delito. La Federación lo hizo con profunda convicción al cumplimiento de obligaciones entre niveles de Gobierno y dentro de nuestro orden Constitucional.
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