Acreditan rezago en Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados

CIUDAD DE MÉXICO, 15 de diciembre de 2020. — La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 61/2020, dirigida al titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, la legalidad y el interés superior de la niñez de 56 personas solicitantes de asilo.

En un comunicado emitido este martes, la organización Asylum Access México enfatiza que esta recomendación es importante ya que deriva de una serie de quejas presentadas por el equipo legal de la organización.

Desde noviembre de 2019, el personal de la organización detectó que las oficinas de Comar en Tijuana y Monterrey presentaban largos retrasos para notificar sobre su proceso a las personas solicitantes de asilo, dejándolas en un limbo jurídico.

Los asesores legales identificaron que todas las solicitudes presentadas en Tijuana y Monterrey se remitían a la Coordinación General de la Comar en la Ciudad de México, ya que en esas oficinas únicamente se recepcionan las solicitudes para el reconocimiento de la condición de refugiado y no hay personal designado para firmar y expedir documentos oficiales.

La organización lamenta que las personas deben esperar a que se emitan y envíen sus documentos a Ciudad de México provocando que los afectados no cuenten con su acuerdo de admisión del procedimiento ni su constancia de trámite del procedimiento de solicitud de la condición de refugiado. Esto los pone en una situación de mayor vulnerabilidad y causa una barrera para el acceso a sus derechos básicos.

Esa omisión es relevante porque la constancia y el acuerdo de admisión sirven como documentos de identificación para las personas solicitantes de asilo, quienes en muchas ocasiones huyen de sus países sin actas de nacimiento u otros papeles de identificación.

Asylum Access México presentó ante la CNDH 93 quejas en representación de 142 personas solicitantes de asilo afectadas por el retraso, y cuyos procedimientos ya habían rebasado el término legal de 90 días para ser resueltos. Ante la CNDH, la organización reclamó la violación al derecho de petición de la condición de refugiado y falta de certeza jurídica. 

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