Acoso sexual mantiene alza sostenida en Querétaro; más de 800 denuncias anuales

QUERÉTARO, Qro, 9 de febrero de 2026.-El delito de acoso sexual se ha mantenido como una problemática persistente en Querétaro durante los últimos años, con un crecimiento constante en el número de denuncias registradas, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

De acuerdo a una nota publicada en el DIARIO DE QUERÉTARO, las estadísticas muestran que en 2020 se abrieron 600 carpetas de investigación por este delito. Un año después, en 2021, la cifra aumentó a 671 denuncias, lo que representó un crecimiento cercano al 12 por ciento. Para 2022, el número de casos reportados ascendió a 758, marcando el mayor incremento anual del periodo, con un alza del 13 por ciento.

En 2023, las denuncias alcanzaron su punto más alto al contabilizarse 823 casos, lo que implicó un aumento adicional de 8.6 por ciento respecto al año previo y confirmó una tendencia al alza que se arrastra desde el inicio de la pandemia.

Durante 2024, el SESNSP reportó 821 denuncias por acoso sexual en la entidad, una variación mínima a la baja en comparación con 2023, sin que ello signifique una reducción real en la incidencia del delito. En tanto, las cifras preliminares de 2025, correspondientes al periodo de enero a noviembre, suman 754 casos, lo que representa una disminución parcial frente al total del año anterior, aunque el comportamiento final dependerá del cierre del ejercicio anual.

La legislación estatal define el acoso sexual como cualquier conducta de carácter sexual no consentida —ya sea verbal, física o visual— que afecte la dignidad de la persona, y que puede presentarse en contextos laborales, escolares, familiares o sociales. El delito se agrava cuando existe abuso de poder, jerarquía o autoridad.

El Código Penal del Estado de Querétaro establece para este delito penas que van de uno a tres años de prisión, además de multas de hasta 600 días, equivalentes a cerca de 68 mil pesos, y la obligación de reparar el daño. Las sanciones aumentan cuando el agresor es servidor público o cuando la víctima es menor de edad, adulta mayor o se encuentra en situación de vulnerabilidad.