Avala Senado inclusión de género en el lenguaje, como Presidenta o Jefa
QUERÉTARO, 03 de febrero de 2015.- Organizaciones sociales consideraron que el plan de trabajo de las comisiones unidas de la Legislatura local, para analizar la propuesta de reforma que permitiría los matrimonios igualitarios, es una práctica dilatoria para la modificación que deberán aprobar los actuales diputados o los próximos.
La presidenta de la organización Aquesex, Alejandra Martínez, consideró que las mesas de trabajo son una manera de retrasar la decisión que debe tomar la Legislatura local, luego de que varios amparos determinaron que el artículo 137 del Código Civil es anticonstitucional porque es discriminatorio.
Sostuvo que el matrimonio igualitario tendrá que aprobarse, porque «es violatorio de derechos humanos no considerarlo, me parece que es darle muchas vueltas, dilatarlo para no abordarlo, abordarlo a finales de enero, cuando sabemos que tal vez muchos de ellos se vayan, me parece que es poco viable”.
Para el presidente estatal de la organización SOS Discriminación, Edmundo Ramos Gutiérrez, el reto es evitar que el proceso electoral detenga la discusión de la reforma para las uniones entre personas del mismo sexo, que propuso el Ombudsman Miguel Nava Alvarado.
“Sabemos que cuando hay procesos electorales los legisladores y los funcionarios a veces no sacan algunas cosas, pero independientemente de eso sabemos que si no se avanza en esta legislatura los que entren no van a poderle dar vuelta atrás”, declaró el activista.
Al respecto, el abogado de las organizaciones GIRE y Aquesex, Saúl Hernández, señaló que en su caso se sumarán a la demanda por omisión en contra de la legislatura local, que presentó la Defensoría Estatal de Derechos Humanos de Querétaro en la sala constitucional del Tribunal Superior de Justicia.
“Ellos por su condición y preferencia se ven discriminados, porque no pueden ejercer su derecho como lo haría cualquier otra pareja. Los demás somos terceros perjudicados», consideró.
Insistió que los derechos no deben someterse a consulta ni a mesas de trabajo, por lo que no hay que discutir si las personas del mismo sexo pueden o no legalizar su unión, sino aprobar un cambio que ya reconoció la corte.