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Un audio difundido en redes acusa a candidatos a gobernador de Querétaro y Baja California Sur de gestionar aportaciones millonarias para campañas.
QUERÉTARO, Qro., 21 de mayo de 2015.- Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con punto de acuerdo, exhortan a la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) a desahogar la investigación de la demanda presentada por el PRI en contra de los candidatos del Partido Acción Nacional (PAN) a gobernador de los estados de Querétaro y Baja California Sur.
Lo anterior, por el posible financiamiento de origen desconocido de los aspirantes Francisco Domínguez Servién y Carlos Mendoza Davis. De acuerdo con lo publicado por la Gaceta del Comisión Permanente, ambos habrían incurrido en delitos graves en materia electoral.
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Con respecto al audio difundido en redes sociales y retomado por gran cantidad de medios de comunicación tanto locales como de alcance nacional, se da cuenta de una conversación sostenida por ambos personajes, en la que el candidato de esa organización política por Querétaro, «hace referencia a algún individuo cuya identidad se desconoce, al que se refiere como “kors”, que estaría entregando seis millones de pesos por cada mes hasta la finalización de la campaña política, lo que haría un total de 30 millones de pesos en aportaciones de origen desconocido; dándole a entender a su correligionario y candidato a gobernador por Baja California Sur, que un apoyo similar estaría disponible para él, por parte de ese ‘benefactor’ no identificado.
«Esa es al menos la interpretación y lo que se deduce de la conversación en clave sostenida por ellos en la que, la palabra “kilos” pudiese equivaler conforme a algún código convenido por ambos, a millones de pesos. Literalmente comunica, al parecer el candidato de Acción Nacional por Querétaro al de Baja California Sur en ese video del mes de enero, que esa persona a la que no identifica por su nombre contribuiría con seis “kilos” por mes hasta el día de la elección. Es decir, con treinta millones de pesos para cada una de esas campañas políticas para gobernador en sendas entidades monto que, de comprobarse, equivaldría a más de 100 veces al de las aportaciones autorizadas por los particulares para el apoyo a esas campañas», precisa el punto de acuerdo.
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