Habitantes de La Llave la mantienen en el salón ejidal junto con su abogado

QUERÉTARO, Qro., 3 de mayo 2016.- Cerca de 250 habitantes de la comunidad La Llave retienen a Lisseth Soto y a su abogado por el presunto delito de fraude.

Soto fungió como encargada del despacho de regulación de predios en la administración anterior.

La ex funcionaria, que tiene dos averiguaciones previas interpuestas por la actual administración, se reuniría con los pobladores para reintegrar el dinero que les solicitó para regularizar predios a través de un despacho, hecho que nunca se realizó.

Ambos llegaron al salón ejidal sin 1 millón de pesos producto del adeudo, por lo que se les negó la salida. Elementos de la Policía Municipal y Estatal llegaron a atender el conflicto en tanto llegaba el Ministerio Público para poder iniciar una averiguación previa por los pobladores afectados.

Los vecinos señalan que tanto Lisset Soto como Marlene Landaverde -que fungía como gestora-, los engañaron desde el inicio del trámite de regularización de los predios ubicados a un costado de la ex hacienda, que pertenece a la Sedena, pero a ellos se les informó que eran propiedad de Ferrocarriles Nacionales.

A través de Lisset Soto, aún como servidora pública, contactaron a Marlene Landaverde, quien tiene una empresa de regularización de predios, con la finalidad de que realizara estos trámites ante las autoridades competentes. Aunque ella sabía que la regularización no era factible, les cobró a cada uno 5 mil pesos. 

A casi un año y medio de los trámites, y con Lisset Soto como mediadora, se les informó que se les regresaría su dinero este martes, lo cual no ocurrió, hecho que molestó a los pobladores.

Los afectados afirman que todos los trámites se realizaban a través de Soto en las oficinas del municipio aún cuando se trataba de una empresa particular.

Señalan que Soto, como servidora pública, les hizo firmar dos documentos: uno para ceder mil 600 pesos que se tienen que pagar en la cuenta de Marlene Landaverde y el segundo documento para que  continuaran con los trámites.

Se informó que los predios que se supone deberían  regularizarse se encuentran a un costado del Séptimo Regimiento de Infantería, que son aproximadamente 8 cuadras, en donde están asentadas más de 250 viviendas.

Los quejosos denunciaron que desde 2014 cuando se iniciaron los trámites de la supuesta regularización, situación que no se puede realizar debido a que es propiedad de la Sedena.