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Entre los argumentos se encuentra la violación al debido proceso, al no presentar el estudio técnico que avala el aumento, así como la proporcionalidad respecto al salario mínimo.
QUERÉTARO, Qro., 20 de agosto de 2015.- En sesión del Consejo Universitario de la UAQ se aprobó de manera unánime por parte de la comunidad universitaria el impulsar el amparo contra el aumento a la tarifa del transporte público de Red Q.
Entre los argumentos se encuentra la violación al debido proceso, al no presentar el estudio técnico que avala el aumento, así como la proporcionalidad de la nueva tarifa con respecto al salario mínimo queretano.
César Tarello, académico de la UAQ e impulsor del amparo, informó que se busca un fallo federal que declare inconstitucional el acuerdo del 30 de julio que aprueba el aumento a las tarifas de Red Q, y con este fallo conseguir que los usuarios del transporte puedan continuar pagando los precios anteriores de 3.50 pesos para estudiantes y adultos mayores y 6.50 para público general.
“Aquí buscamos que solamente se puedan incrementar las tarifas, siempre y cuando el Instituto Queretano de Transporte cumpla las reglas vigentes y haga los estudios conducentes y se determine cuándo se podría incrementar la tarifa, de ser necesario, pero esto nos dejaría sin el incremento actual”.
Asimismo el amparo busca que se cree una página de Internet donde la ciudadanía pueda tener acceso al estudio técnico que avaló el incremento del transporte, esto para garantizar la transparencia en la toma de decisiones de la autoridad estatal.
Los fundamentos del amparo se constituyen en tres vertientes, la primera que es la violación al debido proceso, donde la autoridad violó el artículo 162 de la Ley de Movilidad del Estado de Querétaro, ya que este dispone que únicamente se aprobara un incremento a la tarifa después de realizar un estudio de rutas, de costo de infraestructura, tipo de combustible de cada unidad del transporte, mismo que no fue presentado como la ley lo establece.
“El estudio no se ha publicado y en términos constitucionales debió haber estado publicitado y tendría que darse a conocer a la ciudadanía y a los involucrados a través de un portal de Internet, pero este portal no existe, además que el Instituto Queretano del Transporte no lo tiene, la Secretaría de Gobierno no ha aportado esta información y por tanto se realizó esta acción en total opacidad”.
El segundo fundamento fue la proporcionalidad del costo de la tarifa, ya que el incremento de contribuciones públicas debe ser proporcional y equitativo, situación que no se ve reflejada en el aumento de la tarifa, ya que esta va desde el 14 por ciento a la tarifa a estudiantes hasta el 29 por ciento al público en general, mientras que el salario mínimo sólo subió un seis por ciento.
“El salario mínimo en la zona B que es donde está Querétaro incrementó este último año en un 6.6 por ciento, estando actualmente en 68.28 pesos diarios, mientras que el transporte público de acuerdo al incremento que se dio rebasa el 14 al 29 por ciento, dependiendo el tipo de tarifa, casi tres veces el aumento al salario mínimo”.
Para el tercer punto se toma de referencia la obligación de la transparencia que tienen las autoridades hacia la ciudadanía en cuestiones del gasto de los recursos públicos, misma que se violenta porque hasta el 20 de agosto el Gobierno del Estado no ha informado acerca del procedimiento para aumentar la tarifa del transporte público.
“Nosotros como universidad y todos los gobernados tenemos derecho a saber y no podemos saber, por qué, porque se está violando sistemáticamente el artículo sexto constitucional con esta opacidad que ha mantenido el Poder Ejecutivo y el Instituto Queretano del Transporte”.