Regularán funcionamiento de Casas de Empeño

QUERÉTARO, Qro., 29 de enero de 2014.- Con 23 votos a favor, este miércoles durante sesión Plenaria de la LVII Legislatura del estado, se aprobó la iniciativa de Ley que Regula las Bases para la Instalación y Funcionamiento de Casas de Empeño, con lo que se pretende evitar que se conviertan en lugares de depósito de objetos robados, ya que se les obligará a enviar una lista de los objetos que reciban a la Procuraduría General de Justicia del estado, y de este modo inhibir esta posibilidad.

El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Luis Bernardo Nava Guerrero, explicó que hoy en día, el sistema económico y de consumo que impera en nuestra sociedad, obligan a las personas a solicitar créditos financieros por circunstancias diversas.

“En este sentido las instituciones financieras con regulación más estrictas, como son los bancos o algunas cajas populares tienen un papel importante en la satisfacción de estas circunstancias, sin embargo, los requisitos que establecen para la obtención de un crédito en este sistema formal, para muchos son prácticamente imposibles de cubrir”.

El diputado panista, puntualizó que al tratarse de un préstamo prendario, no importa si los que lo solicitan se encuentran en el Buró de Crédito, si tienen forma de comprobar sus ingresos o no, ya que lo que importa es el valor del bien dado en garantía.

“Durante los últimos tres años, la proliferación de estas casas de empeño, ha ido en aumento a nivel nacional, y en Querétaro, una buena parte de la población, acude a estos negocios para solventar sus necesidades de manera inmediata, actualmente, estas casas de empeño, con escasa regulación y vigilancia, pueden consolidarse como negocios que abusan de las necesidades apremiantes de las personas obligadas a empeñar sus bienes, o bien se corre el riesgo de que se configuren como proveedores de capital a delincuentes que empeñen objetos robados”.

Nava Guerrero explicó que esta iniciativa tiene el objetivo de brindar certeza jurídica y protección de los bienes de los pignorantes, así como establecer de manera formal candados en términos de seguridad pública, en particular por el delito de robo, ya que establece la obligación de coordinarse con la Procuraduría del estado.