Red Q debe morir (Segunda Parte)

Es totalmente factible corregir las fallas que han permitido el desvío de recursos entre concesionarios al interior de Red Q. Sin embargo, esto no resolvería la permanente insatisfacción de los miles de usuarios que diariamente utilizan el sistema. Su inquietud se origina por un problema de mercado, y para ser más precisos, de calidad en el servicio.

Mucho se ha discutido sobre el tema de un posible incremento en las tarifas del transporte. Este factor es relevante para muchos usuarios pero no es el único, y quizá tampoco el más importante. La gente lo grita a los cuatro vientos y al parecer nadie escucha. El principal problema se encuentra en el servicio de pésima calidad que ofrece Red Q. Camiones sucios, trato desatento o incluso grosero, conducción riesgosa de operadores y falta de cobertura adecuada en ciertas rutas son solo algunas de las molestias que los usuarios deben tolerar. Estas, y muchas otras deficiencias en el servicio, se originan porque el actual sistema de transporte se diseñó para operar como un monopolio. Esta es la enfermedad terminal que padece Red Q.

Sin competencia, no hay motivo para esmerarse, mantener en buenas condiciones los camiones, o tratar bien a los usuarios. La gente puede escoger entre Red Q o Red Q, así de simple. El gobierno transformó el sistema de transporte en Querétaro de un oligopolio (control del mercado por unos cuantos actores económicos) a un monopolio (Red Q) complicando aún más el problema. Los diseñadores de este nuevo sistema de transporte caminaron en la dirección opuesta. ¡La solución se encuentra en abrir las opciones a los usuarios, no restringirla! A través de las concesiones, el gobierno de manera artificial ha creado barreras de entrada que impiden a nuevos competidores ingresar a este mercado que genera tres millones de pesos diarios. Sin la amenaza de nuevos participantes, ¿a quién le interesa mejorar el servicio?

Si usted se mantiene escéptico sobre los beneficios de abrir el transporte público, permítame ofrecerle un ejemplo real, probado y vigente. Analicemos como es que Uber, Cabify y otras empresas que ofrecen una alternativa al transporte público han logrado tener un éxito contundente en donde se les ha permitido operar. Estas empresas no ofrecen necesariamente las tarifas más bajas, pero definitivamente si un mejor servicio. El tener a cientos, o miles de particulares compitiendo por pasaje y siendo evaluados constantemente los lleva a esmerarse. Esto se traduce en un mejor servicio. Ante el temor de los taxistas por la reciente incursión de estas empresas en Querétaro, escuché el ofrecimiento del gobierno del estado de crear una aplicación para todos los taxistas que, como era de esperarse, no quieren competencia. ¡Este ofrecimiento resuelve nada! El problema no es la carencia de una aplicación móvil, es la actitud de quien brinda el servicio.

Los taxistas denuncian una competencia desleal pues a ellos se les exige tener un permiso. En este aspecto tienen toda la razón. Que desaparezcan los permisos entonces y que se sustituyan por certificaciones como las que otorga Uber a sus conductores aprobados. Que se les permita a todos, absolutamente a todos los particulares que quieran ofrecer el servicio de transporte público, la posibilidad de hacerlo. El gobierno lo que debe verificar es que el conductor tenga su licencia, que su vehículo se encuentre asegurado y en buenas condiciones, que no tenga infracciones graves o antecedentes penales, y a trabajar. ¿Por qué debe el gobierno restringir o seleccionar a los competidores? Si usted es plomero, carpintero, ingeniero, restaurantero, abarrotero o con cualquier otro oficio y el día de mañana se instala frente a usted un competidor, ¿el gobierno se lo prohíbe para evitar “saturar” el mercado o para proteger su economía? ¿Por qué debe ser distinto en el transporte público? Es cierto que al abrir la competencia muchos taxistas y concesionarios perderían el patrimonio que hubiesen invertido en los permisos que hoy les permiten operar. Su valor desaparecerá instantáneamente. Pero la prioridad del gobierno es garantizar las mejores condiciones de movilidad para la población, no proteger patrimonios de grupos particulares.

Hay una consecuencia sumamente interesante al abrir la competencia en el transporte público y que pudiera generar inquietud entre algunos usuarios. Abriendo la competencia, también tendrían que liberarse las tarifas. Así funciona el mercado. Los concesionarios entienden que a cambio de la protección que les brinda el velo protector del gobierno, ellos no pueden incrementar la tarifa de forma discrecional. Este control también permite al gobierno cumplir con su responsabilidad de ofrecer medios de transporte al alcance de la población que no tiene recursos económicos para trasladarse de otra manera. ¿Cómo podría seguir asegurando el gobierno la movilidad de la población si las tarifas se “dispararan”? La realidad nos demuestra que el mercado no se comporta así. Usted puede corroborar que Uber no llegó a Querétaro cobrando el doble de lo que cuesta un taxi normal. Sin embargo, sí habría de esperarse cierto incremento como consecuencia de la liberación del transporte. La respuesta del gobierno podría venir en forma de subsidios, mecanismo que al menos en teoría, ya debería estar aplicando a través de Red Q. El gobierno podría ofrecer un estímulo económico a todos aquellos particulares que aceptaran manejar cierta tarifa accesible a la población. De esta manera se mantendría la competencia, y al mismo tiempo se podría obtener una alternativa viable para la población de menores ingresos.

Seguramente habrá argumentos en contra, particularmente de los concesionarios actuales. Permítame adelantarme:

1) “Si antes pocos competidores se peleaban el pasaje, la libre competencia generaría un caos.” No necesariamente por al menos dos motivos. En primer lugar, la gente opta por el primer camión que llega porque todos ofrecen el mismo pésimo servicio. Si los usuarios saben que ciertos camiones dan un mejor servicio, es muy factible que puedan esperarlos un par de minutos más evitando así que los operadores se vayan peleando el pasaje. En segundo lugar, la autoridad debe ser más enérgica en exigir el respeto a los límites de velocidad y las normas de conducción. Infracciones recurrentes podrían cancelar la certificación de los particulares para seguir ofreciendo transporte público.

2) “Hay rutas que no son rentables, actualmente se atienden por compromiso con el gobierno” Quizá no sean rentables para un camión como los que actualmente circulan. Pero les aseguro que un propietario de una pequeña camioneta estaría encantado de atender esas rutas, particularmente si viene acompañado de un subsidio de ser necesario.

3) “Ese nuevo sistema daría lugar a una mega empresa que podría acaparar todo el mercado” No lo descarto. Pero si lo logra será a través de un servicio que seguramente será satisfactorio para los usuarios del transporte.

El tema es sumamente amplio, y las vertientes extensas. Pero algo tengo totalmente claro: la solución de fondo al problema del transporte público radica en una mayor competencia. Esta es la razón por la cual, en mi opinión, Red Q debe morir.