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Exámenes antidoping no podrían negar acceso a la educación de la infancia, aseguró el ombudsman Miguel Nava.
QUERÉTARO, Qro., 24 de agosto de 2015.- El presidente de la Defensoría Estatal de los Derechos Humanos, Miguel Nava Alvarado, advirtió que si se considera necesario realizar pruebas antidoping a los alumnos, será necesario que las autoridades asuman el costo de esos exámenes y de una campaña a favor de sus derechos humanos.
Aclaró que si los padres de familia están de acuerdo con que se apliquen esas pruebas a sus hijos, como sucedió en San Juan del Río, no puede hablarse de una violación a los derechos humanos.
Sin embargo, advirtió que si desean realizar este tipo de pruebas de manera constante, la Unidad de Servicios a la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ), la Secretaría de Salud y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tendrán que asumir el costo de esos exámenes, acompañados de una campaña de derechos humanos.
“El estado, a través de las dependencias, como Secretaría de Educación, USEBEQ, o la secretaría de Salud tendrían que absorber ese costo. ¿Por qué se hace? Al parecer hay incidencia donde se ha detectado que distintos alumnos y alumnas traen estas sustancias ilícitas y al fin de generar esta prevención sale este tema”, declaró.
Puntualizó que bajo ninguna circunstancia podría condicionarse el derecho a la educación a los alumnos, aunque los padres de familia dieran su consentimiento para esas pruebas.
Nava Alvarado reiteró que la educación es obligatoria, es gratuita y es laica, por lo que ninguna otra circunstancia podría estar por encima de esas medidas.
Recordó que en el caso de una escuela de San Juan del Río donde se realizaron estas pruebas, se inició una investigación de oficio.