Quieren diputados regularizar asentamientos

QUERÉTARO, 4 de noviembre de 2014.- La ley para la regularización de asentamientos humanos irregulares representa tranquilidad para aproximadamente 400 mil personas, al brindarles seguridad jurídica sobre su patrimonio, aseguró el diputado local Jorge Lomelí Noriega, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones en la Legislatura Local.

Al participar en la asamblea mensual de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), afirmó que en todo el estado “tenemos un poco más de mil asentamientos irregulares, es decir, estamos hablando que el 25 por ciento de la población en todo el estado está en todas estas condiciones de irregularidad”.

Frente a las críticas de por qué realizar este tipo de leyes, puntualizó que sin el apoyo las personas que viven en estos lugares no podrían tener pertenencia de la tierra, ni servicios ni pagarían impuestos al estado.

Lomelí Noriega resaltó los cambios que se impulsan en la modificación al Código Urbano, así como los trabajos de actualización de los montos establecidos en la ley de obra pública, que tiene más de diez años sin cambio alguno.

“Tiene que evitarse la simulación porque se está afectando el funcionamiento adecuado de cada una de las empresas que ustedes manejan. Uno de los defectos sustantivos de esta ley es que nunca se ha generado un reglamento que venga a definir de manera más técnica su aplicación sin violentarla”, reiteró.

Además, destacó la creación de un padrón único de contratistas que evite los trámites para los integrantes de la CMIC, con el fin de facilitar los procesos en la aplicación de los recursos públicos.

Se pronunció por acabar con la simulación en la licitación de las obras, que sucede en algunos municipios y que atenta contra los verdaderos profesionistas de este sector.

“Esto es trabajo que estamos casi por concluir y que estaremos presentando en la Junta de Concertación Política”, anunció el diputado del Partido Acción Nacional (PAN).

Por último, reconoció la participación de 15 constructores queretanos en la edificación de la sede del poder legislativo, mediante un esquema que evitó que la Legislatura Local destinara recursos propios para esta obra.