
Aporta Gobierno más de 2.2 mdp para abonar a conjurar huelga en Cadereyta
QUERÉTARO, Qro., 5 de noviembre de 2013.- Confía el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Alejandro Cabrera Sigler, que con las adecuaciones a la Ley de Obra Pública del estado se beneficie el sector de la construcción con mayor recurso de aportación directa; y que en los últimos dos meses del año se consiga llegar al promedio de inversión anual, el cual ha sido de entre 3 mil y 3 mil 500 millones de pesos, sumados los tres niveles de gobierno.
«Esto quiere decir que estamos haciendo propuestas para que los montos de asignación directa suban, ahorita estamos hablando que es un porcentaje del PIB, es un porcentaje sobre el presupuesto de egresos del estado, entonces más o menos anda en 500 mil pesos lo que son las asignaciones directas».
Señaló que su primer objetivo será incrementar los montos de adjudicación directa, pues esto puede ser benéfico para las dependencias gubernamentales como para los constructores; y añadió que también será importante, ya que podría evitar el subejercicio.
«Entonces lo que estamos haciendo para que no haya subejercicio, a finales de los años, se aumente esta cantidad de asignación hasta un millón de pesos, para que sea más fácil y más rápido hacer el ejercicio; y sobre todo que la administración de la obra -tanto para la dependencia como para el contratista- de 500 mil pesos, es lo mismo que la de un millón; entonces esto nos va a ayudar a que se elimine el subejercicio».
Además dijo que es necesario se unifiquen los criterios de adjudicación de las obras en todas las dependencias, así como que se soliciten los mismos requisitos en ellas; pues es difícil contar con todos los documentos si se tienen criterios distintos en cada municipio, lo que retrasa la ejecución de las obras.
«Te digo, al final de cuentas Obras Públicas del estado tiene un criterio, o tiene unos requisitos, la Comisión Estatal de Caminos tiene otra, la Comisión Estatal de Aguas tiene otra, los municipios tienen otros; entonces, cuando sea recursos estatales y que la Ley de Obra Pública los maneje, van a ser los mismos requerimientos».
Cabrera Sigler mencionó también que otra de las ventajas será que se podrá homologar con la Ley de Obra Pública Federal, pues se podrían conocer de manera inmediata las propuestas enviadas para concurso y el resultado de ellas, lo que ahorraría dinero a la administración pública y daría una referencia a los constructores sobre su situación y sus posibilidades.