QUERÉTARO, Qro., 29 de enero de 2015.- Organizaciones sociales solicitaron a la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) emitir una recomendación al Poder Ejecutivo, al cumplir un año de la aprobación de la iniciativa de ley de espacios 100 por ciento libres de humo de tabaco, sin que se publicara en el Periódico Oficial de la Federación.
Tras iniciar la queja con folio DDH70032/2015/SA, integrantes de organizaciones como Salud y Género y Códice, subrayaron que la prevalencia de fumadores jóvenes en el estado es de las más altas del país, con 18 por ciento en población general y ocurren 844 decesos al año que cuestan más de 442 millones de pesos.
La activista de Salud y Género, Gisela Sánchez, subrayó que la publicación de la ley se obstaculiza por parte del gobernador, José Calzada, que tiene la facultad de promulgar las leyes respectivas para la salud de la población, por lo que se inició una queja ante la Defensoría Estatal de los Derechos Humanos.
“Ayer a las 6 de la tarde empezamos al proceso en Derechos Humanos para una queja y estamos solicitando una recomendación al gobernador, para que cumpla con su obligación de cuidar la salud de las y los queretanos, porque él hace un año, entre las recomendaciones, las observaciones que le hizo a la ley, dijo que el modelo legislativo de prohibición absoluta de fumar en espacios cerrados es rígido”, afirmó Gisela Sánchez.
La coordinadora de investigación de Códice, Sandra Páramo, resaltó que 12 entidades del país tienen una legislación en contra del humo del trabajo, que protege a más del 40 por ciento de la población y se estima que en Querétaro mueren dos personas por día por enfermedades relacionadas con el humo del tabaco.
Recordaron que en el 2011 morían más de dos personas por las cuatro principales relacionadas con el consumo del tabaco, como cáncer de pulmón, enfermedad cerebro vascular, pulmonar obstructiva e infarto agudo al miocardio.
Las activistas acusaron al poder ejecutivo de impedir la publicación de la ley por atender a intereses de las campañas tabacaleras, a pesar del alto costo que tiene para el estado y las vidas que cobra.
En septiembre pasado, las organizaciones sociales realizaron un monitoreo en 30 restaurantes y antros, de los que 16 continuaban con la contaminación de humo de tabaco y se les respondió que se apegaban a la legislación federal.