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QUERÉTARO, Qro., 26 de agosto de 2014.- La fracción del Partido Acción Nacional (PAN) en la Legislatura local presentó la iniciativa de ley de desarrollo rural sustentable del estado de Querétaro, que propone crear un sistema financiero y de riesgo estatal para el desarrollo rural.
La iniciativa contempla la realización de un diagnóstico anual del sector agrícola y privilegiaría la compra de productos locales por parte del sector gubernamental, en el tema de proveedores.
Acompañado por los diputados locales panistas, el legislador Rosendo Anaya reconoció que desde el año 2001 se tiene una ley de desarrollo sustentable, pero el estado carece de un ordenamiento correlativo que responda a las necesidades y los problemas de desarrollo rural.
Por eso, afirmó Anaya Aguilar, se propone una ley a la medida de los problemas del estado, con respeto a las medidas federales, como muchas otras entidades del país que cuentan con su propia ley.
Esta iniciativa complementaría la ley de desarrollo pecuario, así como diversas legislaciones que tienen que ver con el desarrollo del campo, con una visión que trascienda todos los sectores del campo, como la piscícola o la pesquería.
«En Acción Nacional tenemos la convicción de que el campo mexicano y queretano no deben ser vistos como un tema relativo a la producción del sector primario. Sino avanzar hacia un enfoque más integral que implica el empoderamiento de las comunidades rurales, con un enfoque de sustentabilidad», añadió.
Entre las propuestas de la iniciativa de ley se encuentran regular la existencia de atribuciones del consejo rural del estado, como órgano consultivo y de participación social, así como adoptar demarcaciones en los distritos.
Además, se aborda lo relativo a la coordinación entre distintos órdenes de gobierno para identificar regiones de mayor rezago y crear un sistema financiero y de riesgo estatal para el desarrollo rural.
Se establece que la SEDEA programe obras para evitar la desertificación, así como crear bebederos y se formaría cada año un diagnóstico del sector agrícola, al tiempo que se establecerá como prioridad la compra de productos locales por parte del sector gubernamental.