Reporta GCDMX 11.5 millones de peregrinos en la Basílica
CIUDAD DE MÉXICO, 12 agosto 2014.- El Instituto Nacional Electoral solicitará al Congreso de la Unión que realice diversos ajustes a la reforma político-electoral para reducir y eliminar, en su caso, las contradicciones que pueden darse durante las jornadas electorales al presentarse violaciones y sobre las sanciones para servidores públicos que hagan promoción personalizada o a favor de un partido.
Lorenzo Córdova, presidente del Consejo General del INE, dijo que en el paquete de ajustes que deberá hacer el Congreso se encuentra regular lo relativo a derecho de réplica y propaganda gubernamental, asuntos incluidos en la Constitución en la reforma de 2007-2008, pero de los que no hay regulación secundaria.
El responsable del INE precisó que a dos meses de que comience el proceso electoral 2014-2015 no se dispone de reglamentos para resolver los procedimientos sancionadores.
Córdova consideró esencial contar con los instrumentos legales para que cuando se determine que existen violaciones al artículo 134 de la Constitución sobre promoción de los servidores públicos, las sanciones prosperen.
Se puede determinar, dijo, que hay una violación al artículo 134 constitucional, pero el INE no tiene atribución para sancionar.
El Artículo 456 de la Legipe, agregó, establece las sanciones para los sujetos obligados pero excluye a los servidores públicos.
Solo el INE, con el artículo 457, tiene la posibilidad de dar vista a autoridades competentes que pudieran sancionar la posible comisión de una infracción a la legislación electoral.
Hace unas semanas el INE se ocupó del caso de Nayarit, cuyo gobernador, Sandoval Castañeda, fue señalado por el PRD de acusar sin sustento a los partidos políticos de la oposición de recibir dinero ilícito en la pasada contienda electoral.
El instituto se declaró sin facultades para atraer y promover cualquier tipo de sanción.
Córdova aclaró que, hasta el momento, no ha sido sancionado ningún funcionario y a lo máximo que se ha llegado es señalar que el ex presidente de México, Vicente Fox, violó la Constitución en 2012 por intervenir en el proceso electoral.
En esa ocasión el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) consideró que no había facultades legales para imputar al Presidente.
«Hay un problema de rendición de cuentas que tiene que eliminar espacios de impunidad a partir de lo que es una prohibición constitucional», subrayó.