El Gobierno de Querétaro deberá informar de las estrategias, protocolos, servicios, hardware y software que empleen para vigilancia e intervención de las telecomunicaciones.
QUERÉTARO, Qro., 15 de julio de 2015.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó, con carácter de urgente, al Gobierno de Querétaro a que informe sobre los servicios de espionaje que habría contratado de la empresa italiana Hacking Team.
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El exhorto, realizado luego de que el diputado Juan Pablo Adame Alemán, integrante del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la Unión, propusiera un punto de acuerdo sobre el tema señala que “las intervenciones lícitas a las comunicaciones privadas a ese nivel sólo pueden ser autorizadas por un juez federal a solicitud del titular del Ministerio Público en la entidad correspondiente”.
Por esta razón, exige al Gobierno de Querétaro informar de las estrategias, protocolos, servicios, hardware y software que empleen para vigilancia e intervención de las telecomunicaciones en el estado, además de cómo garantizan la privacidad de los usuarios y la protección de sus datos personales.
Cabe recordar que en últimos días ha trascendido en diversos medios de comunicación, a raíz de la vulneración de la seguridad de los equipos informáticos de la empresa italiana Hacking Team -dedicada a brindar servicios de vigilancia y espionaje para gobiernos-, que nuestro país figura entre los que más ingresos generan para dicha firma, siendo el Gobierno de Querétaro uno de sus clientes.
En México, el tema de la vigilancia a las comunicaciones electrónicas reviste la mayor importancia ya que, según la versión 2015 del Estudio de Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2015, basado en datos de Inegi e IFT, los internautas en nuestro país alcanzan los 53.9 millones, aproximadamente el 51 por ciento de la población mayor a los seis años.
Existe gran preocupación de diversas organizaciones de la sociedad civil por la privacidad de la información que los usuarios mueven a través de las redes, y la vulnerabilidad ante intervenciones ilegales por parte de autoridades.