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Asuntos Indígenas de la Legislatura Local aprobó una serie de reformas a varias leyes, con las que habrá nuevas obligaciones a favor de la justicia a los indígenas.
QUERÉTARO, Qro., 28 de agosto de 2015.- El presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Legislatura Local, diputado Rosendo Anaya Aguilar, destacó que las reformas que aprobó esta mesa de trabajo obligarán a proporcionar, de oficio y de manera gratuita, la asistencia de un intérprete a todos los indígenas acusados de cometer algún delito.
Advirtió que los 36 presos indígenas sentenciados por delito del fuero común en el estado no recibieron la asistencia de intérpretes durante el proceso, por lo que la comisión aprobó una serie de reformas a varias leyes, con las que habrá nuevas obligaciones a favor de la justicia a los indígenas.
A partir de las reformas, la Coordinación de Actuarios y Peritos del Tribunal Superior de Justicia deberá solicitar la presencia de estos intérpretes, por lo que se deberá integrar un grupo al que le pagará el estado, con el fin de que los magistrados tengan este apoyo en cualquier proceso jurídico.
“Los jueces y magistrados que conozcan de los juicios que estén involucrados de las personas indígenas, estarán obligados a proporcionarles un intérprete, así mismo, el consejo de la Judicatura tendrá que aprobar anualmente más recursos para las diferentes dependencias que procuran e imparten justicia en el estado”, subrayó.
De acuerdo con la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en México existen más de ocho mil presos indígenas en las distintas cárceles del país, de los que el 96 por ciento son hombres.
La mayoría de los casos fueron por los delitos de fuero común y las violaciones que sufren los indígenas encarcelados es la falta de asistencia, de intérpretes o traductores en sus lenguas indígenas.
Entre las normas que se reformaron se encuentran la ley de derechos humanos del estado, de enjuiciamiento de lo contencioso administrativo, ley para sancionar y reparar la desaparición de personas en el estado, de procedimientos administrativos en el estado, de los trabajadores del estado, de derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas, la ley orgánica de la Procuraduría General de Justicia del estado y del poder judicial del estado, así como el código de procedimientos civiles de Querétaro.