Gobierno pedirá que se siga investigando el caso de la caja 30 de agosto
QUERÉTARO, Qro., 12 de febrero de 2014.- El titular de la Comisión Nacional para la Defensa y Protección de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), Antonio Castillo Willars, señaló que actualmente no existe un marco regulatorio para las cajas populares, pues desde el año 2000, se han estado dando prórrogas para estos establecimientos.
Explicó que la Condusef, no puede intervenir en el caso de la caja 30 de agosto, dado que esta no es una institución financiera debidamente regulada y autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
«El problema con la caja 30 de agosto es que ésta no se ha regularizado(…) la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, es quien tiene a su cargo la regularización de todos, pero hasta donde yo sé, no hay instrumentos que le permitan hacer labores coercitivas en el sentido de si las cajas no se adhieren a ello, pues no hay(…) existe una ley, sin embargo la ley tiene una fecha de implementación, y esas fechas se han ido postergando y postergando».
Explicó que aquellas que se han ido sumando a alguna de estas leyes y que se configuran dentro de éstas, tienen que cubrir con ciertos requisitos de capitalización y de supervisión, además de contar con el suficiente recurso para devolver a los ahorradores su dinero cuando ellos lo requieran, dentro de los programas establecidos previamente.
«Hay un proceso de regularización de todas las cajas populares y algunas están reguladas por la Ley de Ahorro y Crédito Popular, por otro lado, hay otras que se han constituido como sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y éstas están reguladas por la Ley que regula las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo».
Detalló que entonces, no existe una regularización vigente para estas cajas, pues los diputados federales le han ido dando prórrogas a la entrada en vigor de la obligatoriedad de regularizarse, por lo que el riesgo de más casos así en el estado, no están exentos.
«Y es por eso que nosotros recomendamos a los usuarios, que pongan sus ahorros en cajas que estén debidamente regularizadas(…) yo pensaría que no necesitamos más regulaciones, sino que las que existen, hacerlas efectivas».
Castillo Willars, refirió que aunque la Ley de Crédito y Ahorro Popular, se publicó en el año 2000 para que comenzara a implementarse a mediados de 2001 y después por falta de regularización de las mismas cajas, se fue postergando su entrada en vigor.