QUERÉTARO, Qro., 6 de noviembre de 2014.- El ex coordinador jurídico del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro (Indereq), Mauricio Puente Chapa, salió de prisión bajo fianza, luego de haber sido arrestado en enero, acusado de homicidio culposo en agravio de dos personas y lesiones culposas en agravio de otras dos, tras impactar, en estado de ebriedad, su coche contra el taxi en donde viajaban los afectados. A finales del mes, Puente Chapa fue consignado ante el juez federal cuarto de primera instancia quien le dictó auto de formal prisión.

El proceso continuará pero en libertad luego de que pagó una fianza cuyo monto no se reveló, luego de que le otorgaron el perdón casi todos los afectados

Algunos días después, familiares de los occisos manifestaron su indignación ante el intento de los abogados de Puente Chapa por ofrecer una compensación económica a cambio del perdón del exfuncionario. Los familiares rechazaron la oferta y junto con amigos mantuvieron manifestaciones para evitar que se otorgara un amparo al exfuncionario que le pudiera permitir continuar el proceso en libertad bajo fianza.

El 10 de febrero, el secretario de Salud, Mario César García Feregrino, dio a conocer que el joven Eduardo Martínez, uno de los afectados, había dejado Terapia Intensiva del Hospital General y si bien se mantenía estable, aun continuaba en estado vegetativo y conectado a una sonda para respirar y alimentarse; en marzo sus familiares decidieron trasladarlo a un hospital privado.

El 29 de abril, durante una manifestación para exigir a las autoridades se negara un amparo que el exfuncionario promovió para continuar el proceso en libertad bajo fianza, Guillermo Paz Hernández, uno de los participantes en la misma, denunció supuestas amenazas del coordinador de Movimiento Territorial en Centro Histórico, Iván Maciel Hernández, mediante las que habría solicitado que dejaran el caso, argumentando que “la familia del licenciado Mauricio Puente Chapa era gente poderosa, gente de dinero”, y podría tomar represalias.

Un día después, familiares de los afectados confirmaron que la autoridad federal había otorgado un amparo al exfuncionario, en base al supuesto perdón por parte de los afectados, aunque dejaron claro que dicho perdón no había sido otorgado todavía por dos de ellos.

El 12 de mayo las mismas personas informaron que habían apelado tal decisión ante un tribunal colegiado. Tres días más tarde, se dio en el mismo sentido la intervención del gobernador José Calzada, quien envió, personalmente, una carta al magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Nepomuceno Silva Meza.

Finalmente, información en poder de Quadratín Querétaro confirma que en octubre del año en curso, el Tribunal Colegiado confirmó el amparo concedido en contra del auto de formal prisión e instruye al juez federal cuarto de primera instancia dejarlo sin efecto y reclasifique el delito por el que se dictó o bien determine que no existen condiciones para hacerlo y en dicho supuesto dicte auto de libertad.

La defensa del exfuncionario basó su argumentación negando la aplicabilidad del último párrafo del artículo 76 del Código Penal en el Estado que calificaba hasta antes de enero de 2012 como delito grave, y por lo tanto sin derecho a fianza, aquel homicidio cometido por un conductor de vehículo de motor en estado de ebriedad. Al parecer, al momento de decretar el auto de formal prisión el juez federal tomó en cuenta esta versión del artículo sin considerar las modificaciones que habría sufrido a partir del 20 de enero del 2012 en donde la calificación de grave solo puede aplicarse a aquel conductor de vehículo de motor “..que preste servicio de transporte público, de personal o escolar».

Quadratín Querétaro contactó a los familiares de los afectados, quienes negaron haber sido notificados al respecto.