La queretana Jacinta otra vez espera que le hagan justicia

MÉXICO, DF., 9 octubre 2013.- El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) podría decidir hasta dentro de un mes si procede o no la reparación del daño para Jacinta Francisco Marcial, indígena otomí que estuvo presa tres años, acusada injustamente del secuestro de seis elementos de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI), reportó en su portal Milenio.

Esto luego de que el pleno de dicho tribunal determinara no entrar al fondo del asunto en su sesión de hoy. La magistrada ponente, Nora Elizabeth Urby Genel, argumentó que debía “regularizar una cuestión de procedimiento” relacionada con las pruebas del caso.

Además, destacó que en el TFJFA hay otros dos casos relacionados con éste, se trata de la reclamación de reparación del daño para Alberta Alcántara y Teresa González, quienes al igual que Jacinta estuvieron presas injustamente por los mismos hechos.

El asunto podría definirse en aproximadamente un mes, estimó Luis Eliud Tapia, abogado del Área de Defensa Integral del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), quien observó avances en el caso pese a que no se dio la discusión en el pleno del tribunal.

“Se coincide (los magistrados) en que es un asunto relevante para la cuestión de derechos humanos (…) saltó el tema de que las tres personas fueron acusadas injustamente de secuestrar a seis agentes federales”, indicó en entrevista con Milenio.

Tapia señaló que solicitaron que los tres casos sean discutidos en una misma sesión del tribunal, para evitar que las sentencias sean contradictorias.

El Centro Prodh interpuso ante el TFJFA los tres procedimientos de reclamación del daño, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial, luego de que en diciembre de 2012 la PGR rechazó indemnizar a las tres mujeres indígenas, pese a que en diferentes instancias se comprobó que fueron encarceladas injustamente.

El caso que llevó a Jacinta, Alberta y Teresa a prisión
Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González son indígenas otomíes. Se dedicaban al comercio en su comunidad, Santiago Mexquititlán, Querétaro, hasta que un supuesto operativo antipiratería en el tianguis local las llevó a prisión.

El 26 de marzo de 2006, seis agentes de la AFI, sin identificación ni uniforme, se presentaron en el tianguis de esa localidad queretana y con lujo de violencia decomisaron la mercancía de varios comerciantes, alegando que era piratería.

Ante la protesta de los tianguistas afectados, el jefe regional de la AFI y el agente del Ministerio Público de la Federación en San Juan del Río acudieron al lugar y ofrecieron el pago en efectivo de los daños ocasionados por los agentes federales.

Aproximadamente a las siete de la tarde de ese día, todos los elementos de la AFI dejaron la comunidad. En ningún momento fueron agredidos ni incomunicados.

Cinco meses después de estos hechos, el 3 de agosto, Jacinta fue llevada con engaños a la ciudad de Querétaro. Ahí fue presentada, junto con Alberta y Teresa, como responsables del secuestro de los seis agentes de la AFI.

Una fotografía del operativo realizado en marzo por los agentes de la AFI, difundida en un medio local, y en la que Jacinta aparece viendo lo que ocurría, fue utilizada como prueba en su contra.

Las tres fueron recluidas en el Centro de Readaptación Social Fmenil de San José el Alto.

El 19 de diciembre de 2008 Jacinta fue sentenciada a 21 años de prisión y al pago de 2 mil días de multa. Un mes después Alberta y Teresa recibieron la misma sentencia.

Tras revisar el caso, el Centro Prodh asumió la defensa de Jacinta porque detectó que se vulneraron sus garantías procesales. Destaca que nunca tuvo acceso a un intérprete o traductor (ella no hablaba español) y se le negó el derecho de presunción de inocencia.

El 22 de diciembre de 2008 se presentó la apelación a la sentencia, y luego de tres años y un mes presa, el 15 de septiembre de 2009, Jacinta recobró su libertad por las conclusiones de no acusación presentadas por la PGR (desistimiento).

El 28 de abril de 2010, Alberta y Teresa recuperaron su libertad, luego de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió a su favor la apelación interpuesta por su defensa.

Sin embargo, en ningún momento la PGR ha reconocido la inocencia de Jacinta, Alberta y Teresa, y se niega a indemnizarlas, con lo que vulnera sus derechos a la honra, honor y dignidad.