Las casas de empeño, así como la infinidad de empresas que han proliferado en los últimos años haciendo de la usura su actividad principal se han convertido en un verdadero cáncer en nuestra sociedad. Aprovechando la situación precaria de millones de mexicanos, estas instituciones obtienen exorbitantes ganancias al representar la única alternativa de crédito para los más desprotegidos. Increíblemente, a pesar del daño que la usura ha provocado al patrimonio de los más pobres y del interminable círculo de deuda al que los somete, el gobierno no ha mostrado la  voluntad de regular con firmeza las condiciones que ofrecen quienes practican la usura. ¿Cierto? Quizá no del todo.

Empecemos por entender la definición de usura. Según el portal de información Wikipedia, la usura es: “…un término que se usa para referirse a los intereses de los préstamos, en general, o cuando los tipos de interés se perciben como desmesurados o excesivamente altos.” Vale la pena resaltar que la definición establece que el término usura ha sido utilizado para rechazar el cobro de cualquier tipo de interés, no solo los excesivamente altos. ¿Es acaso el cobro de cualquier monto de interés algo moralmente inaceptable? Así parecen haberlo percibido civilizaciones desde hace más de cuatro mil años. El documento más antiguo de la India, el Rig-veda habla con desprecio sobre esta actividad al igual que posteriormente habrían de hacerlo Platón, Aristóteles y otros filósofos del mundo occidental antiguo. El imperio romano así como la iglesia católica prohibieron en su momento el cobro de intereses. Religiones como el Islam a través del Corán y el Judaísmo y Catolicismo mediante el antiguo y nuevo testamento presentan elementos de  rechazo a la práctica en cuestión. Incluso en el año 1179 se llegó al extremo cuando el papa Alejandro III decidió excomulgar a todo aquel que practicara la usura. ¿Qué es lo que hace de la usura una actividad tan reprobable? Existen diversas razones, pero quizá una sea la que logre mayor consenso. El rechazo ya no es provocado por el simple cobro de interés, debido a que la población en general es consciente de que el riesgo en el que se incurre al otorgar un préstamo justifica una contraprestación. El motivo del repudio es originado por el cobro de altas tasas de interés a la población más pobre.

Ahora bien, vale la pena reflexionar. ¿Deberían las casas de empeño, microfinancieras y bancos tener una tasa especial reducida para la población más necesitada? A lo que se podría responder con otra pregunta. ¿Un carnicero, carpintero, plomero, taquero, abarrotero o cualquier otra persona con actividad comercial disminuye su margen de utilidad para hacer más accesible su producto o servicio a las personas de escasos recursos? Se podría contra argumentar que todas esas empresas no tienen los márgenes que tienen las casas de empeño o microfinancieras. Cierto. En algunos casos tienen márgenes mucho mayores. Tomemos como ejemplo un comerciante de central de abastos. Recibe diario toneladas de perecederos, las vende aumentando en promedio un 10% al precio de compra. ¿Cuál es su margen? Si asumimos que solo trabaja entre semana, estaríamos hablando de un muy saludable margen de arriba del 200% mensual. Solo que hay otro ligero detalle, normalmente trabajan a consignación, así que su riesgo es cero y su rendimiento es infinitamente mayor. Muchísimos otros negocios además de los bodegueros ganan más que muchas casas de empeño o microfinancieras. ¿Por qué no se critican sus márgenes? ¿Los pobres también consumen jitomate, frijol y otros productos y servicios no es verdad? Veámoslo desde otro punto de vista. Si alguien presta cierta cantidad a una persona de escasos recursos al 10% mensual, entonces es descalificado como agiotista. Pero si da la media vuelta, compra con la misma cantidad un producto, le sube el 10% y se lo vende a la misma persona de escasos recursos ganando en una sola transacción lo que ganaría en un mes prestando; ¿Entonces se estaría hablando de un honesto comerciante? Quizá el problema no sea entonces exclusivamente el margen de utilidad que se obtiene a través de la usura. ¿Será entonces que mientras un comerciante ofrece un producto tangible, aun con un alto sobreprecio, quien practica la usura solo ofrece un servicio? Si este fuera el caso todas los ingresos derivados por servicios legales o médicos serían mal vistos, lo cual no sucede. Quizás el problema de fondo se reduzca a dos factores. El primero radica en que a diferencia de cualquier otro servicio, el crédito representa solo un medio para adquirir productos o servicios. No tiene un valor intrínseco. El segundo es que el crédito da origen a un ingreso a través del tiempo, sin ofrecer contraprestaciones adicionales. Lo anterior es totalmente cierto. Pero a pesar de que el crédito es un servicio sui generis, eso no implica que carezca de valor. De hecho, el crédito es un factor fundamental en la vida económica de cualquier sociedad. Sin crédito no hay forma de crecer en muchos negocios. Sin crédito tampoco habría forma de enfrentar imprevistos o de realizar erogaciones cuyo monto son mayores al ingreso que percibimos en el corto plazo. Los escenarios que han dado lugar al rechazo de la usura son aquellos en donde personas de bajos recursos hacen uso del crédito para hacer frente a necesidades apremiantes comprometiendo de manera considerable sus ingresos futuros. Esta realidad es cierta y lamentable. ¿Sería mejor negar el crédito a las personas de escasos recursos? ¿Cómo saber cuando el crédito va orientado a una actividad comercial, aunque sea pequeña, o a una de consumo? Pero quizá la pregunta que nos lleva al tema de la usura sería: ¿Por qué no cobran las casas de empeño y microfinancieras una menor tasa de interés? Veamos.

El cobro de interés en la mayor parte del mundo es una actividad totalmente legal, incluso en aquellas ocasiones en que las tasas de interés son excesivamente altas. ¿Por qué? La respuesta radica en un fenómeno económico fundamental e ineludible: el de la oferta y la demanda. Las personas que obtienen un préstamo con una tasa de interés alta lo hacen porque no son sujetos de crédito ante aquellas instituciones que normalmente manejan tasas menores. Quien no califica como sujeto de crédito bancario se debe principalmente a que tiene nulas o malas referencias crediticias, a una falta de garantía, a la incapacidad de comprobar ingresos o a una combinación de las anteriores. Los motivos mencionados constituyen elementos de riesgo que deben ponderarse al momento de fijar la tasa a la cual debe otorgarse un préstamo. En el caso de los bancos, debido a la regulación a la que están sometidos, a sus costos de operación y  al riesgo inherente, independientemente de la tasa que pudiese cobrar, el banco prefiere rechazar la mayoría de créditos solicitados por personas que tienen el perfil antes mencionado. A partir de la realidad planteada anteriormente, la ley de oferta y la demanda hace su primera aparición. La demanda de crédito proveniente de todas aquellas personas que no cumplen con los requisitos de los bancos encontró una oferta desde mucho antes que existieran las casas de empeño y microfinancieras. Durante mucho tiempo, los créditos hipotecarios con tasas de interés iguales o mayores a las de usura actuales eran utilizados de forma simultánea a pagarés y poderes irrevocables de dominio a favor del acreedor. En aquellas ocasiones en que no se contaba con una garantía inmobiliaria, el acreedor tomaba posesión de cualquier garantía prendaria otorgando solo una fracción de su valor como préstamo sin que mediara un contrato formal que documentara la operación. Los abusos derivados de estas prácticas dejaban al deudor en total estado de indefensión y provocó que miles de personas perdieran su patrimonio. Ante esta realidad, por los altos márgenes de utilidad que se generaban y percibiendo una oportunidad de mejorar las condiciones para participar en el mercado, la ley de la oferta y la demanda nuevamente mostró sus efectos.

En el año de 1775 surge el Sacro y Real Monte de Piedad de Animas, conocido actualmente como Nacional Monte de Piedad. Esta institución de carácter asistencial buscó ofrecer a las personas de escasos recursos una alternativa de crédito de bajo costo. En la actualidad, hasta hace apenas unos meses, el Nacional Monte de Piedad cobraba un 48% anual. No era precisamente un regalo, pero ciertamente era una opción para muchas personas. Debido a la escasa cobertura geográfica que tenía esta institución de asistencia privada, a partir de 1995 comenzaron a surgir casas de empeño privadas que ofrecían tasas de hasta el 150% anual. En un principio, la mayor cantidad de las casas de empeño recibían exclusivamente oro como garantía de los préstamos otorgados. En todos los casos, el porcentaje del préstamo era menor al 50% del contenido de oro de la prenda empeñada. La falta de competencia en un mercado naciente permitía establecer estas condiciones. Pero al mismo tiempo, sucedió un fenómeno interesante. Se desplazó a la gran mayoría de personas que practicaban la usura en el mercado informal. A partir de ese momento, y sin la tan solicitada intervención de gobierno, la competencia ha dado lugar a una infinidad de alternativas de empeño. El incremento en la oferta, la tan criticada “proliferación” de casas de empeño, ha traído beneficios tangibles para quien hace uso de estos servicios. Sigue habiendo quien pretende cobrar el 120% anual o incluso más, pero también existen alternativas del 36% anual. Existe aún quien pretende prestar el 50% del valor del oro en la prenda, pero la mayoría se acerca al 100%. Y vale la pena resaltar un punto importante cuando se menciona que el préstamo esta basado en un porcentaje del oro en la prenda. La mayor cantidad de prendas que se dejan perder en una casa de empeño se funden y se venden como metal. Es imposible desplazar la cantidad de prendas de oro que se dejan perder a través de los mostradores de venta que tienen las casas de empeño. Por este motivo el préstamo siempre se efectúa tomando como referencia el valor del oro, y no el de la prenda en sí. Esto en muchas ocasiones sorprende al deudor ya que normalmente el valor total de una prenda nueva es 50% el oro y 50% la hechura. En ocasiones, cuando la prenda es de una marca reconocida, el comprador paga mucho mas por la marca que por el valor del oro que la misma contiene. Esto ha dado lugar en muchas ocasiones a que se descalifique a las casas de empeño diciendo que se quieren quedar con las prendas. Nada puede ser mas alejado de la realidad. El negocio de las casas de empeño es cobrar intereses, no fundir y vender oro al mismo precio que se prestó o incluso perder en ocasiones.

Ahora bien, hablando de cual debe ser el papel del gobierno ante la usura: ¿Qué debe hacer el gobierno al respecto? Mucho, pero empecemos primero por lo que no debe hacer. El gobierno debe evitar a toda costa intervenir demagógicamente en el mercado para satisfacer la principal demanda de quienes piden poner en su lugar a los despiadados usureros. El gobierno no debe, bajo ninguna circunstancia, limitar las tasas de interés. Esta acción causaría una tremenda distorsión de mercado e irónicamente traería graves consecuencias en detrimento de los más pobres. Razonemos lo anterior con un ejemplo. En el año 2008 la LXXI Legislatura del estado de Michoacán tuvo la idea de modificar el código penal del estado para castigar con prisión a toda aquella persona que prestara dinero a una tasa superior al 2 por ciento mensual. En primer lugar, y congruente con la naturaleza demagógica de la reforma, los promotores de la misma sabían que su efecto sería nulo. Las casas de empeño, microfinancieras, tiendas departamentales y bancos se rigen por la Ley de Sociedades Mercantiles y sus contratos por el Código de Comercio federal. Una disposición local no puede contravenir lo dispuesto por leyes federales. Por tal motivo, después de anunciar con bombo y platillo su gran aportación legislativa, la reforma solo afectó a los particulares que cometan la infamia de cobrar mas del 2 por ciento mensual. Pero supongamos por un momento que el poder legislativo federal hiciera suya esta medida y decidiera modificar las disposiciones federales para limitar las tasas de interés. ¿Qué sucedería?

Con una medida de esta naturaleza, el gobierno crearía una gigantesca barrera de entrada al mercado del crédito dando lugar a un oligopolio, un mercado dominado por un reducido número de competidores que sería  fácilmente manipulado en detrimento de los intereses del consumidor. O peor aún, ante un escenario de baja rentabilidad por la vía legal, el mercado informal podría reaparecer con fuerza. En el caso de las casas de empeño, ni siquiera la institución de asistencia privada por excelencia, el Nacional Monte de Piedad cobra esa tasa a pesar de que no paga IVA ni impuesto sobre la renta. Seguramente para quien solicita el crédito, una tasa del 24% anual sea muy conveniente, pero para la mayoría de casas de empeño y microfinancieras este rendimiento simplemente no cubre sus gastos. Cobrando un 10% mensual, el capital invertido en una casa de empeño se recupera en promedio entre 24 y 36 meses según datos de las principales franquicias de este servicio en el país. Tenga en consideración que en su publicidad la franquicia presenta un escenario óptimo para atraer nuevos franquiciatarios. Ahora bien, si se redujera la tasa a un 2%: ¡Se estaría recuperando la inversión en el mejor de los casos en 10 años! En realidad muchas casas de empeño ni siquiera alcanzarían su punto de equilibrio y tendrían que cerrar de forma definitiva.

La renta de un local con acceso a alto tráfico peatonal cuesta al menos 15 mil pesos mensuales. El sueldo de un cajero, un valuador y un guardia representan al menos otros 25 mil incluyendo prestaciones sociales. Luz, agua, teléfono, consumibles, seguro contra robo aumentan los gastos en al menos 15 mil pesos más. Solo para cubrir los gastos expuestos de 55 mil pesos se necesitaría mantener una cartera promedio de crédito de tres millones de pesos al 2% mensual, cantidad mucho menor al promedio de cartera de las casas de empeño en México. ¿Debería entonces el gobierno mantenerse al margen y dejar que la oferta y demanda surtan efecto de manera natural? Por supuesto que no. El gobierno puede hacer mucho, y por increíble que parezca, el sentido de sus acciones debe estar encaminado a fomentar la tan criticada “proliferación” de participantes en el mercado. Más competencia siempre se traduce en más y mejores alternativas. De hecho, la mala reputación que algunas casas de empeño han provocado en el sector por prácticas deshonestas han originado un fenómeno interesante: la auto regulación. Pero antes de referirme a este fenómeno, es importante señalar que las prácticas deshonestas a las que hago referencia no son inherentes al sector, sino derivadas de la calidad moral de algunas personas. Así como hay algunos comerciantes que alteran básculas, mecánicos que cobran por refacciones no instaladas y muchas otras acciones deshonestas, las casas de empeño no están exentas de estos abusos. En febrero del 2007, la Secretaría de Economía emitió en conjunto con la Procuraduría Federal del Consumidor y por gestión de algunas de las casas de empeño mas reconocidas en el país la norma NOM-179-SCFI-2006. Esta fue una excelente medida por parte de gobierno. Sin crear distorsiones de mercado, obliga a las casas de empeño a transparentar sus operaciones al establecer la información que deben contener los contratos de mutuo. También obliga a presentar de forma inconfundible el Costo Anualizado Total, cifra desarrollada por el Banco de México para tener una forma sencilla de comparar el costo verdadero del crédito sin permitir que se cobren comisiones o cargos ocultos.

Otra de las medidas de gran visión por parte del gobierno federal fue la creación de un nuevo tipo de sociedad mercantil. Ante la insuficiencia de dispersión de crédito por parte de la banca comercial en distintos sectores, el gobierno fomentó la “proliferación” de competidores a través de la creación de las Sociedades Financieras de Objeto Múltipe Entidad no Regulada o mejor conocidas como SOFOM E.N.R. De esta forma, a partir de julio de 2006 miles de empresas adoptaron esta figura y comenzaron a otorgar crédito en muchas áreas previamente reservadas para los bancos. Al eliminar barreras de entrada y ofrecer algunas ventajas fiscales y procesales similares a las de los bancos a estas nuevas empresas, el gobierno logró de manera efectiva incrementar la oferta de crédito. A través del tiempo los gobiernos alrededor del mundo han comprobado la total ineficacia de tratar de regular las tasas de interés que cobran quienes se dedican a prestar dinero. Las distorsiones de mercado provocadas por políticos que han tratado de frenar la usura regulando las tasas de interés han provocado daños aún mayores a aquellos sectores de la población a los que han pretendido defender. Por tal motivo, como la historia nos muestra, al observar los nuevos y graves problemas que surgen ante tales decisiones, siempre se termina dando marcha atrás. Se puede hacer mucho, pero se debe actuar con responsabilidad y conocimiento. Ahora bien, si usted considera que las casas de empeño y microfinancieras están “asaltando” a la población, ¡aproveche esta gran oportunidad para obtener una ganancia justa por su dinero! Tome parte de su patrimonio, mejore la tasa y condiciones que el mercado ofrece en la actualidad y experimente de primera mano lo que implica cobrar un crédito. Si decide no hacerlo, le sugiero respetuosamente que no le pida a papá gobierno causar distorsiones de mercado o castigar a quien de una forma legal ofrece un servicio indispensable para millones de personas. Recuerde que si sus súplicas son escuchadas, la necesidad de préstamos no se extinguirá por arte de magia. Tenga la certeza que siempre habrá quien presente una oferta, y cuando esta se haga al margen de la ley, siempre será en detrimento del deudor.