Intentó Amado Yáñez burlar cargos en su contra en 2005

CIUDAD DE MÉXICO, 27 de marzo.- El empresario Amado Yáñez Osuna, dueño de Oceanografía, devolvió en 2005 dos préstamos por 30 millones de pesos y 25 millones de dólares después de que alguien le avisó que era investigado por un fraude contra Bancomext.

De acuerdo con Excélsior, pese a que ese delito se persigue de oficio y se castiga con “prisión de tres a doce años”, de acuerdo con el Código Penal Federal, el empresario naviero, ahora arraigado, libró en ese entonces la acción de la justicia.

Roberto Muñoz Leos —quien fue titular del Órgano de Control Interno de Bancomext cuando él y su equipo de trabajo descubrieron que Yáñez Osuna utilizó facturas fraudulentas para obtener los préstamos— explicó a Excélsior que “en cuanto supe de las anomalías envié una carta a Pemex para avisar que su proveedor estaba utilizando facturas apócrifas”.

Recordó que en aquella época se enteró de que la paraestatal había denunciado ante la PGR, a raíz de la advertencia que él hizo.

Sin embargo, los procedimientos penales fueron congelados, sin haberse informado los motivos.

Ahora, como parte del caso del fraude de Oceanografía contra Banamex, la PGR ha retomado las indagatorias sobre el delito contra Bancomext, en las que se busca identificar quién avisó a Yáñez, en 2005, que era investigado.

Oceanografía evitó indagatoria en 2005

Bancomext reportó a Pemex de anomalías en el uso de facturas para solicitar préstamos, y aunque fue presentada la denuncia, ésta fue congelada en la PGR.

Consumado el fraude en perjuicio del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), del que obtuvo préstamos por 25 millones de dólares y 30 millones de pesos mediante facturas alteradas, Amado Yáñez Osuna, propietario de Oceanografía y quien está arraigado, libró entonces la acción de la justicia.

Según el Código Penal Federal, el delito que cometió Yáñez se sigue de oficio, no obstante que haya devuelto el dinero al banco cuando alguien lo alertó de que el fraude había sido descubierto.

El artículo 386 del código señala que por cometer ese ilícito el castigo es “prisión de tres a 12 años y multa hasta de ciento veinte veces el salario, si el valor de lo defraudado fuera mayor de quinientas veces el salario”.

Roberto Muñoz Leos, extitular del Órgano de Control Interno (OCI) de Bancomext, quien junto con su equipo de trabajo descubrió irregularidades respecto de los documentos usados por Oceanografía, dijo a Excélsior que “en cuanto supe de las anomalías envié una carta a Pemex para avisar que su proveedor estaba utilizando facturas apócrifas para obtener préstamos”.

Muñoz Leos, quien ahora es titular del Órgano de Control Interno de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex), dijo que en aquella época se enteró que Pemex había denunciado los hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) a raíz de la advertencia que él hizo.

La denuncia que presentó Pemex ante la PGR por fraude en contra de Oceanografía y en perjuicio de Bancomext quedó asentada en dos averiguaciones previas, la AP/PGR/DDF/SPE-XXII/788/06-03 y la AP 606/2005-1, que quedaron radicadas en la mesa XXII de la Subprocuraduría de Procedimientos Especiales del Ministerio Público Federal, a cargo de Clara Lilia Abitia García, que antes había sido agente del MP en la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Institución (FESPI).

No obstante, los procedimientos penales fueron congelados, sin que hasta el momento se conozca públicamente el motivo.

Como parte de las investigaciones del fraude que Yáñez cometió en perjuicio de Banamex por más de 400 millones de dólares y que fue descubierto hace unas semanas, la PGR ha retomado las indagatorias del fraude a Bancomext cometido en 2005.

En dado caso, habría consignaciones ante un juez, lo que se sumaría a la causa que se le llegue a abrir a Yáñez una vez que concluya el arraigo.

Alguien le avisó

Una de las líneas de investigación sobre el caso de fraude a Bancomext es acerca de quién desde Pemex avisó a Amado Yáñez que el órgano de Control Interno de esa institución había descubierto la maquinación del fraude, lo que originó que el empresario naviero hiciera las gestiones para devolver el dinero que había obtenido vía préstamos.

Uno de los objetivos de esta parte de las investigaciones ministeriales es Carlos Morales Gil, quien el pasado 7 de febrero fue destituido como director de Pemex Exploración y Producción (PEP), a donde llegó desde 2004 y quien es uno de los exfuncionarios de Pemex relacionados en la mayor parte de los contratos que la paraestatal dio a Oceanografía.

También se investiga en la PGR por qué desde 2005 las dos averiguaciones previas por el fraude a Bancomext fueron congeladas y enviadas al archivo de la dependencia, sin que se haya seguido con la investigación que por la naturaleza del delito se sigue de oficio, según el Código Penal Federal.

Desde 2004, Excélsior documentó que Oceanografía recibió contratos en Pemex de forma irregular. El 24 de octubre de ese año, en una nota firmada por Ana Lilia Pérez y Miguel Badillo se informó que la naviera recibió un contrato de 154 millones de dólares por el alquiler de un barco-grúa, con un precio seis por ciento más elevado al de Servicios Marítimos.

Según lo publicado por Badillo, pero en la revista Contralínea, el fraude que el propietario de Oceanografía perpetró en contra de Bancomext se descubrió gracias a dos oficios que Pedro Martínez Alonso, coordinador de Recursos Financieros de PEP envió al gerente de Auditoría B del Órgano Interno de Control de Bancomext, Raúl Muñuzuri.

En esos documentos el funcionario de la empresa petrolera le solicita a se órgano que interviniera para conocer detalles referentes al contrato PEP-0-IE-504/05 de Oceanografía.

Ese contrato fue el que la naviera utilizó como garantía para la solicitud de los préstamos que le hizo Bancomext.

Uno de los oficios de Martínez a Muñuzuri decía que “con la finalidad de atender el requerimiento de información hecho mediante su comunicación número GAB-182/05, de fecha 29 de agosto del 2005, recibido en esta Subdirección el día 2 de septiembre del presente, referente a la operación realizada por la empresa citada en el asunto con la factura 15172 de fecha 16 de agosto de 2005, por un monto de 30 millones 363 mil 416 dólares; informo a ustedes que después de revisar la información financiera correspondiente al contrato PEP-IE-504/05, celebrado por PEP-SIDOE con la empresa Oceanografía, se encontró que al corte del 6 de septiembre de 2005, no se ha realizado ningún pago con cargo a este contrato, ni existen estimaciones o facturas en proceso de autorización”.

El otro oficio de Martínez al OCI, indicaba que la factura 15172 no estaba en proceso de trámite de pago o autorización. Con esa prueba, fue que Roberto Muñoz Leos dio aviso a Pemex de que se estaban utilizando documentos de la petrolera de manera fraudulenta.

Congelan 50 cuentas ligadas a la naviera

Unas 50 cuentas bancarias presuntamente relacionadas con la indagatoria que se lleva en contra de la empresa Oceanografía y su propietario, Amado Yáñez Osuna, han sido congeladas por la Procuraduría General de la República (PGR).

“La PGR ha solicitado el bloqueo de muchas cuentas de muchas personas físicas y de muchas personas morales, cerca de 50, lo que no podemos decir es de cuáles personas”, indicó.

En tanto, con dos semanas de retraso, debido a la carencia de acuerdos entre los grupos parlamentarios, ayer el pleno del Senado definió a los 11 integrantes de la ahora llamada Comisión Especial para la Atención y Seguimiento al Caso de la Empresa Oceanografía, la cual no entorpecerá el trabajo de la Procuraduría General de la República (PGR) ni politizará la investigación.

La mesa directiva de la Comisión Especial la integran la priista Arely Gómez González, como presidenta; Roberto Gil Zuarth, del PAN, y Dolores Padierna, del PRD, como secretarios.

Además, estarán los priistas Graciela Ortiz González, Jesús Casillas Romero y Teófilo Torres Corzo; los panistas Carlos Mendoza Davis y Fernando Yunes Márquez, así como Angélica de la Peña y Mario Delgado, del PRD, y Carlos Alberto Puente Salas, del Partido Verde.

Arely Gómez adelantó que será en esta misma semana cuando se reúnan los 11 integrantes para definir la forma en que trabajarán y las ciudadanos y servidores públicos que serán llamados.

“Por el momento estaríamos en el tema que nos ocupa, lo acontecido entre Oceanografía y Banamex”, precisó.