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Deberá de integrar al municipio cerca de 600 mil pesos que no pudieron ser comprobados como gasto en su administración.
CORREGIDORA, Qro., 24 de febrero de 2016.- Derivado del fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Oscar García, contralor del municipio de Corregidora, informó que ex alcalde de esa demarcación, Carmelo Mendieta Olvera, fue inhabilitado por 20 años para trabajar como servidor público. Además deberá de integrar al municipio cerca de 600 mil pesos que no pudieron ser comprobados como gasto en su administración.
“Como ya saben, hace algún tiempo se inhabilitó de otros procedimientos al ex edil de hace dos administraciones, no puedo dar nombres. Por la Ley de Acceso a la Información se le inhabilitó por 20 años de servicio público, estatal, municipal y en su caso también se podría dar el caso en lo federal, así como los reintegros por el orden de los 600 mil pesos, ahí salió la sentencia”, señaló.
De acuerdo con el contralor, en su oportunidad el ex edil Mendieta buscó impugnar ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo la resolución que lo inhabilitaba, sin embargo, una notificación que se entregó el martes pasado al municipio confirmó las sanciones al ex presidente municipal.
“Esto es una victoria para el municipio, porque nos da pauta para mandar a ejecutar las sanciones y que se proceda a un cobro coactivo por las multas que le fueron impuestas por este expediente. Él aún tiene la posibilidad de promover un medio de impugnación, pero ya vamos muy avanzados por este camino y sólo esperaremos ver la respuesta del ex edil”.
El motivo que generó esta sanción en contra de Carmelo Medieta fue el uso indebido del servicio público, ya que se cobraron dos cheques de manera indebida y todos estos recursos se utilizaron en actividades no propias del municipio, situación que se puede calificar como un desvío de recursos y abuso de autoridad.
“Lo anterior también ameritó que se presentaran las denuncias penales por estas acciones y estas siguen en trámite ante la PGJ del estado, mientras que el termino para que pague será determinado por la Secretaría de Finanzas .En este caso estamos hablando que es una pena de 600 mil pesos de multa más un reintegro de 200 mil pesos”, puntualizó el contralor.
Pese a esta sanción, aun quedará pendiente la resolución del uso indebido del recurso público y de los materiales que su administración adquirió para las obras; por lo que de los cinco procedimientos que se abrieron en su contra, tres quedan pendientes y dos ya fueron resueltos.
En cuanto al tema de los ex funcionarios municipales, Oscar García aseguró que el sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) no generó ninguna pena porque se logró solventar toda la información, por lo que únicamente quedan pendiente las áreas de Administración, Desarrollo Sustentable y Desarrollo Social, que tendrán hasta el mes de marzo para poder definir.