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A 15 días de que termine el plazo para realizar las declaraciones patrimoniales, estos 3 municipios muestran un rezago del 100%; prevén sanciones si no se realizan las declaraciones a tiempo.
QUERÉTARO, Qro., 15 de octubre de 2015.- Tras darse a conocer en la Contraloría del estado de Querétaro que durante todo el mes de octubre se deberá entregar a la dependencia la declaración de bienes de todos los funcionarios públicos del estado, existen tres municipios que a 15 días de concluir el plazo no han iniciado este procedimiento; estas demarcaciones son Arroyo Seco, Landa de Matamoros y San Joaquín.
De acuerdo a información de la Contraloría del estado, estos tres municipios tienen una falta de avance del 100 por ciento en su declaración de bienes, teniendo un total de 192 empleados -en las tres administraciones- que están obligados a cumplir con esta presentación y, a la fecha, no la han realizado.
Asimismo se confirmó que hay municipios en los cuales una sola persona ha entregado esta información como en el caso de Tolimán, que cuenta con 103 empleados; y Cadereyta, con 75 trabajadores; en Pedro Escobedo hay 147 servidores públicos y solamente cinco han entregado la información; en Huimilpan van ocho servidores, de 114 con los que cuentan; y en Pinal de Amoles que tiene 128 trabajadores, sólo cuatro han entregado su declaración.
Caso contrario ocurre en municipios como Colón, que de 124 empleados que tiene, 56 ya realizaron su declaración, teniendo pendiente solamente el 54.84 por hacer el trámite; y Querétaro, que pese a ser la capital del estado, con dos mil 331 trabajadores, mil 329 ya entregaron su declaración patrimonial y sólo falta el 57 por ciento por hacer este trámite.
De manera global los municipios de Querétaro han alcanzado un avance del cumplimiento de esta obligación del 36.73 por ciento, siendo dos mil 31 los trabajadores obligados a realizar este trámite los que ya cumplieron, de un total de cinco mil 529; sin embargo, si esta información no es entregada antes del 30 de octubre, se podrá sancionar a los servidores públicos omisos con multas de hasta 60 días de su salario por incumplimiento.