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MÉXICO, DF, 9 octubre 2013.- El día de hoy, el Pleno del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) decidirá si procede la reparación del daño solicitada por la indígena hñähño (otomí) Jacinta Francisco Marcial, quien es representada por el Centro Prodh. Este proceso tiene como objeto que ella reciba una indemnización del Estado debido a que permaneció encarcelada injustamente por más de tres años, en razón de que autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) la acusaron por el supuesto secuestro contra seis agentes de la hoy extinta Agencia Federal de Investigación (AFI).
Es importante destacar que desde nuestra perspectiva la reparación del daño debe ser integral, tal como lo señala la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Dicha ley es, hasta el momento, la única vía que las personas tienen en México para reclamar una reparación del daño a su favor cuando la autoridad ministerial actúa de modo irregular y ello deriva en una reclusión injusta. En ese sentido la indemnización, definida como “reparación integral del daño”, sólo incluye rubros como daño personal y daño moral, mientras que no se refiere a otras medidas de reparación más amplias, como ordenarle al Estado una disculpa pública o medidas tendientes a garantizar que hechos como los que vivió Jacinta no se vuelvan a repetir.
El Centro Prodh espera que en su decisión el TFJFA determine que las acciones realizadas por las autoridades de la PGR en torno al caso fueron irregulares y que dañó bienes jurídicos en perjuicio de Jacinta, y por lo tanto que ordene el pago de una indemnización en los términos que la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial establece y teniendo en cuenta el desarrollo jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en torno al tema de reparaciones.
También cabe acotar que el TFJFA atrajo los juicios de reparación del daño de Alberta Alcántara y Teresa González, quienes permanecieron privadas de su libertad y acusadas injustamente del mismo delito que Jacinta. Al respecto, es importante señalar que cada uno de estos juicios de reparación fueron iniciados por el Centro Prodh de manera autónoma ante la propia PGR y posteriormente ante el mencionado Tribunal Administrativo, debido a que aun cuando la falsa imputación esgrimida contra Jacinta, Alberta y Teresa fue ventilada en la misma averiguación previa, el daño que sufrieron fue diferenciado.
Jacinta Francisco Marcial, así como Alberta Alcántara y Teresa González, son originarias de Santiago Mexquititlán en Querétaro.
Las tres fueron detenidas en 2006 y sentenciadas en su momento a 21 años de prisión. Jacinta fue liberada el 15 de septiembre de 2009 por sobreseimiento de la causa penal por las conclusiones de no acusación presentadas por la PGR (desistimiento). Alberta y Teresa recuperaron su libertad en abril de 2010 tras ser declaradas inocentes al resolver la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una apelación interpuesta por su defensa.