Querétaro se mantiene en los primeros lugares de combate a la corrupción
Los coordinadores de los grupos legislativos del PAN, PRI y PRD exigieron transparentar el uso de esta unidad y podrían llamar a declarar a ex funcionarios.
QUERÉTARO, Qro., 15 de octubre de 2015.- Coordinadores de los Grupos Legislativos del PAN y del PRI, así como de fracción del PRD en Legislatura Local exigieron investigar la compra de la camioneta de espionaje que denunció la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y su uso, al tiempo que recordaron que todavía puede citarse a las pasadas autoridades para que rindan cuentas.
Por separado, los coordinadores exigieron transparentar el uso de la camioneta, aunque descartaron que sea necesario deshacerse de ella, porque podría utilizarse en el combate al narcotráfico o en otros temas judiciales.
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El coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), diputado Ricardo Cabrera, subrayó que en el estado no deben existir mecanismos que atenten contra la privacidad y los derechos constitucionales de los mexicanos.
“Aquí lo desafortunado es que nadie tenía desconocimiento de este equipo, el problema es que ahora aparece, el tema es qué uso se le estaba dando, lo importante es que ya sabemos que se cuenta con un equipo especializado para intervenir comunicaciones, pero siempre deben justificarse a través de una orden, de una autoridad competente, que es judicial”, declaró.
A su vez, el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), diputado Mauricio Ortiz Proal, pidió esperar la investigación, para que se determine en qué se utilizaba.
“Desconozco si la unidad está adscrita al municipio o al gobierno del estado, no lo sé, lo que puedo decir es que es obligación de todos que se cumplimente la ley, que se haga una investigación objetiva”, dijo Ortiz Proal.
Al respecto, el coordinador de la fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD), diputado Carlos Lázaro Sánchez Tapia, pidió realizar la investigación para aclarar con qué fin se adquirió y podría citarse a autoridades pasadas.
“Recordemos que estamos en tiempo de entrega-recepción, son de 90 o 60 días, de acuerdo con lo que nos marca la ley, lo que tienen los funcionarios para hacer observaciones, los nuevos y para explicarlos los que ya salieron”, dijo el perredista.