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CIUDAD DE MÉXICO, 16 agosto 2014.- Hatziry, Diana Laura, Teresa, María Graciela y Susana tienen algo en común: fueron detenidas ingresando droga oculta en sus partes íntimas a los reclusorios. Las llaman burreras.
Ellas son enganchadas en las filas de acceso a los centros penitenciarios, quienes las convencen se fijan en su vestimenta y aprovechan su necesidad económica. Otras más lo hacen para complacer a sus parejas que están en prisión.
En promedio les pagan 100 pesos por cada 100 gramos de droga, generalmente mariguana, aunque hay otras que portan cocaína y pastillas psicotrópicas que les entregan en lugares cercanos a las cárceles capitalinas, narra este reportaje de Milenio.
La Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Narcomenudeo de la Procuraduría General de Justicia del DF documentó del 21 de agosto de 2012 al 30 de julio pasado 65 detenidos por introducir droga a las cárceles, de los cuales 82 por ciento son mujeres y de éstas en 31 por ciento de los casos la droga fue escondida vía vaginal o anal.
El Reclusorio Preventivo Varonil Norte es el centro con mayor número de arrestados por introducir droga, con 35; otros 23 fueron en el penal Oriente; tres en el Reclusorio Sur y en la Comunidad de Tratamiento para Varones de San Fernando detectaron cuatro casos.
“La mayoría de estas conductas las cometen mujeres por la propia naturaleza de su organismo. Desafortunadamente se aprovechan de ellas para introducir el narcótico al centro penitenciario utilizando su cuerpo.
“En algunos casos se les denominan burreras o trasladoras. Ellas lo hacen en un mayor porcentaje a través de la vía vaginal o anal”, explicó la fiscal, Marcela García Torres Vega.
BURLAR LA SEGURIDAD
Hatziry Carmona llegó a la aduana del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente a temprana hora. Pasó todos los filtros de seguridad, pero alertó a los elementos de seguridad penitenciaria por su prisa al caminar.
Tras recibir su gafete de acceso, bajó las escaleras y tomó camino hacia el túnel donde le colocarían los sellos con tinta indeleble. Los custodios la seguían a distancia. La mujer se topó con una fila de visitantes que frenaron su ingreso. Los minutos pasaban y ella tomaba discretamente su abdomen.
Para ese entonces, la anestesia que había colocado en su vagina estaba por desaparecer. Aún así, caminó por el pasillo que la conectaría a las salas de visita, pero antes de llegar no pudo caminar más.
El personal de seguridad se acercó y le preguntó lo que le ocurría. Hatziry confesó que traía droga en la vagina. En el área de servicio médico, la mujer entregó 566 gramos de mariguana comprimida y cubierta con cinta canela.
A esta historia se suma la de María Graciela, quien fue convencida para cargar con la droga. Afuera del Reclusorio Norte le entregaron el paquete el 20 de julio pasado y le indicaron el nombre del reo que la esperaría para recibir la mariguana. El paquete contenía 379.3 gramos del enervante.
El caso de Abisag Ortega, registrado ese mismo día, es especial. La mujer usó a su bebé para ingresar la droga al Reclusorio Norte: aprovechando que cargaba al pequeño en brazos le adhirió un paquete con 257 gramos de mota.
Al pasar a uno de los cubículos de revisión en la aduana del penal, las custodias la cuestionaron por su nerviosismo. Primero lo negó, pero finalmente destapó al recién nacido y entre el pañal y su ropa interior estaba la droga. La presunta traficante se dejó convencer por su marido preso para ingresar la sustancia prohibida a fin de comercializarla con otros reos.
SIN ESTRUCTURA
La fiscal que investiga el narcomenudeo en la Ciudad de México es contundente al referir que no se tienen indicios de que opere una organización de tráfico de drogas en los reclusorios.
Insiste en que de las 6 mil 617 averiguaciones previas iniciadas en la Fiscalía de Narcomenudeo desde el 21 de agosto de 2012 (día en que entró en operación), solo 65 están relacionadas a hechos originados en los centros penitenciarios.
Hace dos años hubo 11 detenidos por ingresar droga a las cárceles; en 2013 sumaron 32 y en lo que va de este año ya son 22.
“No se ha detectado o comprobado que haya grupos organizados. Son casos aislados. Es gente que es enganchada, que tiene un vínculo generalmente sentimental. En otros casos son familiares y otro tanto la visita íntima”, dijo Torres Vega.
La Ley General de Salud establece que introducir o suministrar narcóticos a los centros penitenciarios tiene una pena que va de los cinco a los 10 años de prisión, sin derecho a fianza.
“Las mujeres detenidas manifiestan que son interceptadas en la fila, cuando están a la espera de ingresar y que el estado de necesidad en que se encuentran es por lo que acceden (a llevar la droga).
“Les pagan dependiendo del gramaje. A mayor número de cantidad de introducción, más es el pago. También pretenden introducir la estructura de un condón, que a veces es de 100 gramos o menos, pero por esa simple dosis les están pagando 200 o 300 pesos, arriesgándose a pasar un gran tiempo en la cárcel”, abundó la funcionaria.
Los envoltorios de droga que introducen las mujeres en sus partes íntimas miden unos 10 centímetros de longitud por 5 centímetros de diámetro. La droga es comprimida y cubierta con papel celofán y después con cinta canela. Una vez que es concluido el proceso, las traficantes se inyectan un relajante para dilatar el cuello de la matriz.
“Los paquetes que son envueltos de tal manera tienen una forma de aguacate, a fin de hacer más fácil su introducción.
“No obstante que la biología de la mujer le podría facilitar ese mecanismo, la propia naturaleza hace que le expulse y muchas veces son descubiertas por la forma de caminar o porque ya no pueden contener el producto”, señaló la fiscal.