Emite DDHQro recomendaciones al secretario de Gobierno y de Salud

Esto por el caso del jalisciense que falleció por supuesta negligencia en el Hospital General de Querétaro.

QUERÉTARO, Qro., 27 de abril del 2015.- La Defensoría de los Derechos Humanos de Queretaro (DDHQro) emitió una serie de recomendaciones al secretario de Gobierno estatal, Jorge López Portillo Tostado, y al secretario de Salud, Mario César García Feregrino, en agravio del fallecido Eduardo Rodríguez Zaragoza, de Jalisco, uno de los 31 detenidos por el caso de la Laborcilla, en el Centro de Reinserción Social (Cereso) Varonil de San José el Alto.

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El presidente de la DDHQro, Miguel Nava Alvarado, detalló que las recomendaciones para el secretario de Gobierno son:

1. Iniciar procedimiento de responsabilidad administrativa en contra del director, subdirector de seguridad, personal médico del Cereso, y contra quienes resulte responsable, y advertir conductas probablemente constitutivas de delito sean denunciadas ante el Ministerio Público.

2. Garantizar que el Cereso cuente con personal médico de enfermería las 24 horas del día para la atención de los internos.

3. Garantizar que el Cereso cuente con equipo, medicamento, instalaciones adecuadas para la atención médica.

4. De vista al órgano interno de control de esa dependencia para que se inicie el procedimiento y reparación de daño material e inmaterial relacionado con la afectación económica y psicológica, que no debió resentir la quejosa por la actividad administrativa irregular de las autoridades anteriormente citadas.

Al secretario de Salud:

1. Instruir al director del Hospital General que cumpla con su obligación constitucional de colaborar en materia de protección de derechos humanos.

2. Instruir al director del hospital, diseñar e impartir un Programa Integral de Capacitación y Formación de Derechos Humanos, al personal que presta servicio de atención.

3. Instruir al director del hospital general de Querétaro a dar cumplimiento a la normatividad, control sanitario, manejo, observación de cadáveres dentro de las instalaciones del nosocomio.

«Han quedado probadas las violaciones a los derechos humanos por personal del Cereso al no realizar la canalización correspondiente a los hospitales, bajo las medidas de seguridad necesarias en instituciones públicas, pese a la existencia de un riesgo para la vida o salud del agraviado», enfatizó Nava Alvarado.

A partir de este lunes, ambos funcionarios públicos tienen 15 días para responder y aceptar dichas recomendaciones, de lo contrario, la defensoría dará vista al Congreso Local.