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CIUDAD DE MÉXICO, 13 de julio de 2013.- Pemex recurrió a su oscuro y discrecional entramado de empresas y sociedades offshore para adjudicar a compañías extranjeras los contratos para la construcción del Gasoducto Los Ramones.
Una red conformada por holdings y compañías con un sólo socio que ha constituido Pemex Gas y Petroquímica Básica, el organismo subsidiario de Pemex, para realizar alianzas con polémicas empresas transnacionales como Sempra Energy.
Reporte Indigo publicó ayer que, con o sin reforma energética, detrás de la construcción del Gasoducto Los Ramones están los grandes consorcios extranjeros que se dedican al negocio mundial de los hidrocarburos.
La constructora italiana Bonatti, la norteamericana Fluor Corporation y la brasileña Odebrecht, son las compañías que en realidad ejecutan el proyecto de infraestructura energética más importante del sexenio de Peña Nieto.
Pemex adjudicó esta obra estimada en 2 mil 500 millones de dólares (no a través de un proceso de licitación pública) sino de manera directa a su oscuro conglomerado de empresas filiales.
El fallo benefició a la empresa TAG Pipelines, una sociedad que Pemex constituyó hace dos años exclusivamente para desarrollar y ejecutar el proyecto de Los Ramones.
TAG Pipelines fue constituida en 2012, por MGI Supply Ltd. y MGI Enterprises Ltd., sociedades offshore constituidas por PGPB en el paraíso fiscal de las Islas Caimán.
MGI Supply y MGI Enterprises son empresas filiales que forman parte de este complicado conglomerado de compañías que encabeza Grupo Mex Gas, consorcio que Pemex utiliza para la compra y venta de hidrocarburos.
Las dos son sociedades sin estructuras, reguladas por el derecho privado y jurídicamente separadas del Gobierno federal.
No son consideradas entidades paraestatales porque, de acuerdo a Pemex, se constituyeron conforme a la legislación de las Islas Caimán.
Es decir: sus operaciones financieras no se reportan en la Cuenta Pública que presenta Pemex, ni aparecen en el presupuesto ejercido por PGPB.
La Auditoría Superior de la Federación (la ASF) realizó observaciones sobre la operación de las empresas filiales de Pemex, como TAG Pipelines que usa a PGPB para llevar a cabo sus alianzas con las compañías trasnacionales.
MGI Supply y MGI Enterprises constituyeron hace dos años TAG Pipelines.
Fue precisamente esta empresa, la que firmó y pagó en el 2012 los derechos de vía a los propietarios de los terrenos afectados por los trabajos del Gasoducto Los Ramones.
Un ducto de casi 900 kilómetros de longitud que cruza los estados de Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro y Guanajuato.
Pero TAG Pipelines no cuenta con personal ni equipos para construir esta obra de infraestructura planeada para importar gas natural desde el estado de Texas.
Así que TAG Pipelines firmó un contrato de prestación de servicios para traspasar la obra a Gasoductos de Chihuahua, una empresa en la que Pemex comparte la mitad de las acciones con el consorcio Sempra Energy.
Esta compañía es dirigida en México por Carlos Ruiz Sacristán, exdirector de Pemex en 1994 y excompañero del actual director de la paraestatal, Emilio Lozoya, cuando ambos eran parte del consejo de administración de la constructora OHL.
Pero en realidad Gasoductos de Chihuahua no realiza la construcción de este ducto en los estados del norte.
Son las grandes empresas internacionales que se dedican al negocio mundial de los gasoductos las que construyen esta obra.
La compañía italiana Bonatti firmó un contrato con TAG Pipelines, para hacerse cargo del tramo de 114 kilómetros desde Camargo, Tamaulipas, hasta Los Ramones, Nuevo León.
Un contrato similar firmó la brasileña Odebrecht con la filial de Pemex (denominada en este convenio como TAG Pipelines Norte) para la construcción de la segunda fase de Los Ramones, un tramo que supera los mil millones de dólares.
Este contrato incluye la construcción de 441 kilómetros de ductos entre Nuevo León y San Luis Potosí.
Para la segunda etapa, que comprende de San Luis Potosí hasta Guanajuato, Pemex creó la filial TAG Pipelines Sur en sociedad con la francesa GDF Suez.
Este contrato de 743 millones de dólares fue adjudicado directamente al consorcio conformado por la empresa norteamericana Fluor Corp en sociedad con la mexicana ICA.
La participación de empresas privadas en las obras ocurre mientras en el Congreso de la Unión los legisladores retomaron la discusión de la reforma energética porque están por aprobarse las leyes secundarias.
El plan de la obra es importar gas natural desde el sur de Texas y abastecer a los estados de Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro y Guanajuato.
Con todos estos enredos, es difícil que los mexicanos confíen en que una apertura del sector acabe con la opacidad de los contratos de Pemex.