El edil de San Juan del Río aseguró que se buscará llegar a arreglos con los trabajadores que fueron liquidados en administraciones pasadas.

SAN JUAN DEL RÍO, Qro., 6 de mayo del 2016.- El alcalde de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero, informó que la deuda que heredó de las administraciones anteriores supera los 200 millones de pesos, entre el empréstito, facturas con proveedores que no fueron informadas en la entrega-recepción, hasta los laudos millonarios que han generado intentos de embargos en la administración actual.

«Hoy estoy enfrentando el pago a proveedores de las administraciones 2006-2009, que encabezó Rivadeneira; 2009-2012, de Gustavo Nieto, y 2012-2015, de Fabián Pineda. Hoy estamos pagando a farmacias que se les debía, a contratistas que se les debía y proveedores, por lo que quiero decir que era un cochinero lo que recibí de las administraciones pasadas (…). La deuda ante la SHCP es de 100 millones, esa es la deuda oficial registrada, sin embargo, (…) podemos hablar que San Juan del Río supera una deuda de 200 millones de pesos», apuntó.

Estos 100 millones de pesos de deuda extra que tiene el municipio se deben a talleres, constructores, farmacias, recolección de basura, al propietario del relleno sanitario, entre otros, cuyos pasivos no fueron detectados porque no se contabilizaron facturas de proveedores que prestaron los servicios y que las administraciones de los ayuntamientos pasados trataron de omitir, señaló Vega Guerrero.

En este sentido, reconoció que las deudas por los laudos millonarios que se generaron en contra del municipio en días pasados por más de seis millones de pesos, han generado que la administración municipal tenga que endurecer las medidas de austeridad que venía implementado para hacer frente a los gastos municipales, además de buscar acuerdos de pago con los ex trabajadores demandantes.

Ante esta situación, el edil de San Juan del Río aseguró que se buscará llegar a arreglos con los trabajadores que fueron liquidados en administraciones pasadas, así como a los 200 ex funcionarios públicos que han ido rescindiendo en su administración, buscando llegar a un arreglo del 50 por ciento de pago de sus presunciones laborales en un lapso de liquidación menor a 24 meses.