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La senadora por Querétaro, Marcela Torres, presentó una iniciativa para modificar el séptimo artículo de la recién aprobada Ley General de Delitos Electorales, bajo el argumento de que puede prestarse a malas interpretaciones, que deriven en daños hacia la sociedad.
La ley se discutió y públicó en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo del presente año y en dicho artículo señala que se impondrán de 50 a 100 días de multa y prisión de seis meses a tres años, a quien: ”solicite u ordene evidencia del sentido de su voto…”.
De acuerdo a la legisladora panista, esa redacción es imprecisa y coloca en situación de incertidumbre jurídica la actividad de los encuestadores en el desarrollo de los comicios y por lo tanto a la libertad de prensa y al derecho a la información de la ciudadanía, una ley penal con errores en el diseño de los delitos puede ocasionar graves daños a la sociedad al ser mal interpretado.
Torres Peimbert indicó en un comunicado que las encuestas electorales son una actividad permitida y constituyen herramientas fundamentales en el quehacer político de nuestro país, por lo que presentó en la Comisión Permanente una iniciativa que busca proteger esta actividad.
A través de la iniciativa la senadora plantea clarificar el artículo séptimo, para que el marco jurídico en materia de delitos electorales garantice el desarrollo de las encuestas, las cuales, durante época electoral, requieren solicitar al ciudadano, que de manera voluntaria, manifieste su preferencia política o electoral.
Hasta antes de la publicación de la Ley General de Delitos Electorales, esto ocurría sin ningún tipo de limitación jurídica.