Denuncia DDHQ obstaculización de su labor a visitadores en el Cereso

Luego de una queja presentada por una interna del penal femenil, personal de la Defensoría acudió al centro en donde se les negó acceso, por lo que exhorta al Ejecutivo a no impedir su trabajo

QUERÉTARO, Qro., 30 de abril de 2015.- Mediante un Informe Especial, Miguel Nava Alvarado, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, exhortó al titular del Poder Ejecutivo, José Eduardo Calzada Rovirosa, a instruir al personal de los centros de reinserción social del estado, para que no obstaculicen la labor del personal del organismo autónomo.

En el documento se señala que luego de que se recibiera una solicitud de colaboración, por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, relativo a una interna del Centro de Reinserción Social de San José El Alto Querétaro (Cereso Femenil), que precisa haber sido objeto de golpes, amenazas, tortura e incomunicación, así como del contenido del Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre las Mujeres Internas en los Centros de Reclusión de la República Mexicana, en el que se enuncian diversas irregularidades en dicho Centro, una visitadora de la Defensoría acudió a realizar la supervisión y entrevista con la agraviada.

Sin embargo, precisa el Informe Especial, elementos de custodia, directora y personal administrativo del Cereso Femenil, ilegalmente le negaron el acceso a la comisionada, sin fundar ni motivar su proceder.

Como consecuencia de la negativa de las autoridades penitenciarias, la jefa de Orientación y Quejas intentó contactar vía telefónica tanto al secretario como al subsecretario de Gobierno para informar lo acontecido, ante la falta de respuesta acudió a sus oficinas, pero tampoco fue posible localizarlos, procediendo a elaborar el acta respectiva.

Es por lo anterior, que a través del Informe Especial, el titular de la DDHQ hizo un exhorto para que instruya a las y los servidores públicos del sistema de reinserción social en el estado para que se abstengan de obstaculizar el trabajo de la Defensoría de los Derechos Humanos cuando se realicen visitas, supervisiones, inspecciones y entrevistas a personas internas o autoridades penitenciarias.