El fallo considerado histórico se logró tras una lucha de casi cinco años por parte de los familiares y organizaciones sociales

MÉXICO, 3 marzo 2016.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció como víctimas a los familiares de dos migrantes asesinados por Los Zetas en 2011 en el municipio de San Fernando, en Tamaulipas (noreste de México). Además obligó a la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) a entregarles copia del expediente de la investigación que inició sobre estos hechos. El fallo considerado histórico se logró tras una lucha de casi cinco años por parte de los familiares y organizaciones sociales, detalla El País.

En julio de 2012 Alma Yessenia Realegeño recibió una llamada de la Fiscalía de El Salvador para informarle que los restos de su hermano Manuel Antonio habían sido encontrados en una de las 47 fosas descubiertas en San Fernando en 2011.

El mismo aviso la recibió Bertila Parada, madre del salvadoreño Carlos Alberto Osorio. En 2013 la Cancillería de su país les pidió que acudieran a firmar la autorización a fin de que los restos de sus parientes fueran cremados y repatriados a su país. Las mujeres rechazaron la petición que se hacía desde México porque les negaron los documentos que acreditaran la identidad de los fallecidos.

Desde entonces ambas comenzaron una batalle legal en contra de las autoridades mexicanas.

La PGR les negó todos sus derechos de víctimas, como tener representantes legales, copias del expediente judicial y nombrar peritos independientes para verificar la identificación del cuerpo de sus familiares. “Para mí fue como si mi hijo volviera a desaparecer después de muerto”, ha manifestado Bertila. Ella ha estado acompañada por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho en la batalla legal.

Este miércoles la primera sala de la Corte se ha pronunciado al respecto. El proyecto de dictamen fallado a favor de Bertila y Yessenia –considerado histórico– obliga a las autoridades mexicanas a que se les conceda la protección de la justicia y puedan tener derecho a la reparación del daño que establece la Ley de Víctimas. “No esperaba esto pero ha valido la pena por mi hijo y por todos los migrantes masacrados”, dijo la madre de Carlos Alberto tras la resolución.

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