Bienestar Michoacán, el negocio de la corrupción a costa del infelizaje
QUERÉTARO, Qro., 5 de mayo de 2015.- En los últimos 81 años, periodo de prohibición de la reelección legislativa continua, 88 familias han tenido el control de 455 posiciones legislativas federales. De estas dinastías, 53 han tenido presencia en las Cámaras federales de entre nueve y 18 años; y 35 de entre 21 y 57, según una revisión efectuada por EL UNIVERSAL a lo largo de 27 Legislaturas.
Se trata de un conjunto de 230 legisladores pertenecientes a las castas que han dominado el Congreso desde 1934, las cuales han sorteado reformas y partidos para prolongar su permanencia. Muchos de los parlamentarios son candidatos en el proceso electoral en curso, y algunos hasta tienen asegurada la curul correspondiente a su clan, por la vía plurinominal.
Pero no son sus prendas personales ni su popularidad o sus alianzas circunstanciales, las que les reportan el acceso a las postulaciones. Su patrimonio político reside en la cuna, el linaje, la casta, los apellidos reconocibles a oídos de la opinión pública y que abren las puertas del Congreso y en general del poder político: Rojo-Lugo, Batres, Vicencio, Sansores, Monreal, Alcaine, Manatou, Martínez, Ortega, Padierna…
Al monopolio de las candidaturas y de la representación en manos de las familias revolucionarias y de sus prolongaciones caciquiles regionales, agrupadas en el PRI, le sucedieron las nuevas formaciones políticas que, del PAN al PRD, de Convergencia al PT, privilegiaron con callado regocijo el mismo derecho de sangre que sus antecesores reclamaban como argumento de acceso al poder.
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