Amarran a un poste a presunto ladrón en la colonia El Parque
QUERÉTARO, Qro., 23 septiembre 2014.- La Procuraduría General de Justicia del Estado, informó que la autoridad judicial confirmó la sentencia obtenida por el Ministerio Público en primera instancia, en contra de José Luis Pérez Flores, por su responsabilidad en la comisión del delito de Homicidio Calificado.
En un comunicado, dijo que en relación al proceso penal 104/2013, el Ministerio Público acreditó plenamente que el 9 de abril de 2013, la víctima se encontraba al interior de una habitación en el hotel El Cid, de esta ciudad, en compañía de su pareja José Luis Pérez Flores, cuando iniciaron una discusión acalorada por diferencias personales entre la pareja. Ante esta situación, el sentenciado utilizó un trozo de tela y la colocó en el cuello de la víctima hasta que ésta perdió el conocimiento. Dicha acción provocó que la mujer muriera a causa de estrangulamiento por asfixia.
Por lo anterior, el imputado fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, junto con las pruebas que acreditaban la probable responsabilidad del sujeto en el delito de Homicidio Calificado, en agravio de una mujer.
Una vez que fue consignado ante un Juez Penal, el Ministerio Público de Procesos recabó toda la evidencia que fue puesta a consideración del juzgador y, con base en ella, determinó dictar sentencia condenatoria a José Luis Pérez Flores, consistente en 23 años de prisión y una sanción pecuniaria de 18 mil 414 pesos; además de condenarlo al pago por concepto de indemnización por muerte de 306 mil 900 pesos y gastos funerarios por la cantidad de 18 mil 652 pesos. Asimismo, le fue negado al sentenciado cualquier beneficio sustitutivo de la pena de prisión.
Derivado de esta situación, la defensa del imputado se inconformó con la resolución judicial, por lo que interpuso un recurso de apelación; sin embargo, a través del Toca Penal 1084/2014, el Tribunal Superior de Justicia del Estado, resolvió confirmar la sentencia condenatoria anteriormente descrita, como consecuencia de los argumentos presentados por la autoridad ministerial.