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La Comisión Instructora de la LVII Legislatura revisó entre 10 y 15 solicitudes de juicio político en 3 años y no encontró elementos para castigar a algún servidor público.
QUERÉTARO, Qro., 2 de septiembre de 2015.- La Comisión Instructora de la LVII Legislatura local prácticamente cerró sus funciones, tras revisar entre 10 y 15 solicitudes de juicio político en tres años de trabajo, en las que no se encontraron elementos para castigar a algún servidor público.
El presidente de la Comisión, diputado Guillermo Vega Guerrero, señaló que en los casos que se revisaron no se encontraron elementos para iniciar algún juicio político, debido a que los casos que se plantearon, contra regidores y funcionarios de administraciones municipales, no tenían sustento.
Para el diputado local, esto podría ser consecuencia de que los juicios políticos se utilizan, muchas veces, como una manera de presión para lograr acuerdos o como parte de revanchas políticas.
“La comisión instructora cerró su periodo de los asuntos que se nos plantearon, no había fundamentalmente temas que consideráramos cumplieran los requisitos, esa comisión trabaja en función de propuestas que hacen agentes externos, pero estas propuestas tienen que cumplir requisitos que a nuestro juicio no cumplían y por eso se cierra”, afirmó.
Guillermo Vega agregó que los casos que se revisaron tenían que ver con casos municipales y servidores públicos de diferentes niveles de los que no pueden darse más datos, porque “esta comisión debe trabajar con secrecía sin manejar datos de personas”.
“(La mayoría) eran regidores, básicamente regidores, funcionarios de la administración municipal. Algunos casos se resolvieron en el inter las diferencias quedaron sin materia y sin asunto, porque a veces se recurre al juicio político para hacer presión entre las partes, donde no hay más interés, que llegar al fondo de algún tema, por eso debemos ser muy responsables”, insistió.