Aumentan convivencias supervisadas tras divorcios en Querétaro

Los conflictos entre las parejas en un proceso de divorcio exigen que no haya interacción con los menores como medida de presión hacia una de las partes.

QUERÉTARO, Qro., 7 de abril de 2016.- La magistrada presidenta de la Primera Sala Familiar, Marisela Sandoval López, informó que el tema de las convivencias con supervisión se ha incrementado geométricamente en Querétaro, ya que los conflictos entre las parejas en un proceso de divorcio exigen que no haya interacción con los menores como medida de presión hacia una de las partes.

La magistrada solicitó a los abogados litigantes trabajar por el bienestar superior de la niñez, ya que poner a los menores en medio de la disputa legal genera problemas psicológicos para los menores, que pueden derivar en problemas sociales.

“Cada sábado que son los días que está más poblado el CECOFAM [Centro de Convivencia Familiar Supervisada] tenemos 70 convivencias hasta 90, variando la población del número de niños de cada familia, esta problemática está fuera de control, porque deben ser supervisadas únicamente los casos donde de manera real exista un peligro para los niños”.

De acuerdo con la magistrada las causas de riesgo para los menores van desde conductas agresivas hacía los menores como insultos, golpes o malos ejemplos, hasta situaciones de índole sexual, mismas que pueden poner en riesgo la integridad física y mental de los menores.

“Lo ideal es que no hubiera ni un niño en convivencias supervisadas o debiera ser un número mínimo, ya que en la gran mayaría se van decretando cíclicamente la salida de los menores en este régimen de vigilancia, porque  no se comprueba la necesidad de que los niños sigan ahí”.

Cabe destacar que las convivencias supervisadas tienen un carácter de obligatorio de hasta tres meses, esto con excepción de que las autoridades judiciales determinen dejarla de manera indeterminada, ya que por salud mental de los menores no se debe exceder este tiempo de vigilancia.

En este sentido la magistrada solicitó a los abogados litigantes trabajar por el bienestar superior de la niñez, ya que el poner a los menores en medio de la disputa legal genera para los menores problemas psicológicos que pueden derivar en problemas sociales.