Aprueban Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos

Inhibirá los actos de corrupción, fortalecerá autonomía de los órganos de control y permitirá la denuncia penal.

QUERÉTARO, 27 de enero de 2016.- La Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas de la Legislatura Local aprobó la ley de responsabilidades de los servidores públicos, que amplía el catálogo de servidores obligados a presentar manifestación de bienes, establece responsabilidades para proveedores, fortalece la autonomía de los órganos de control interno y abre la posibilidad de denuncias penales.

Luego de la aprobación por tres votos a favor y cero en contra, el Secretario de la Contraloría del estado, Alejandro López Franco, afirmó que esta es una muestra del trabajo conjunto y respetuoso entre poderes en beneficio de la ciudadanía.

“Es una muestra clara del compromiso de los diputados locales para impulsar acciones que mejoren el servicio que estamos obligados a dar a los ciudadanos. Es un marco jurídico que indica las responsabilidades que podemos incurrir todos los servidores públicos”, afirmó el contralor.

Subrayó que la ley establecerá los plazos y procedimientos para las actividades de prevención, control y vigilancia, además que será una herramienta inhibitoria de los actos de corrupción.

“Tratando a la corrupción como lo que es: un delito, llevando los casos que lo ameriten al ámbito penal. Buscamos garantizar los derechos del servidor público, sujeto a procedimientos de responsabilidad”, afirmó.

El diputado Eric Salas destacó que este deberá ser “el año de la estrategia contra la corrupción”, mientras que la presidenta de la Comisión, diputada Antonieta Puebla Vega, acompañada de diputados de varios partidos, afirmó que esto demuestra el compromiso con los ciudadanos, al implementar un catálogo que dé certeza a la población del actuar de los servidores públicos.

La diputada María del Carmen Zúñiga Hernández respaldó la ley porque favorecerá que los recursos económicos del estado y municipios se administren con eficacia, economía, transparencia y honradez, ya que la ley actual se aprobó en 2009 y tuvo una actualización en el 2012.

La nueva ley amplía el catálogo de servidores públicos obligados a presentar su manifestación de bienes, establece responsabilidad no solo en servidores públicos que cometan irregularidades, sino también en proveedores, contratistas y particulares.

Además, regula la presentación de denuncias, la atracción de casos por parte de la Secretaría de la Contraloría y se fortalece la autonomía de los órganos internos de control para imponer sanciones.

“Me manifiesto a favor e invito a todos mis compañeros a la aprobación de esta iniciativa hecha por el ejecutivo”, resaltó Carmen Zúñiga.

El director jurídico de la contraloría, Abraham Elizalde, subrayó que la ley clarifica procedimientos, establece plazos claros y precisos, así como un puente muy claro hacia la vía penal.