Aprueba pleno leyes secundarias en materia electoral

QUERÉTARO, Qro., 29 de junio de 2014.- El pleno de la legislatura local aprobó, con 25 votos a favor, el paquete de leyes secundarias en materia electoral, luego de que la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales sesionó anoche para dar su visto bueno.

En entrevista previa a la sesión de pleno, el presidente de la Mesa Directiva de la legislatura local, Braulio Guerra Urbiola, informó que la sesión de la comisión concluyó a la 1 de la mañana de este domingo y avaló el paquete de reformas.

El pleno aprobó crear la ley orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, una reforma integral al 90 por ciento de la ley electoral, una reforma a la ley orgánica del poder judicial, reforma al código penal y una nueva ley de medios de impugnación.

Además, se identificó que el congreso de la unión cometió un error al establecer que los topes de campaña se establecerán por el Instituto Nacional Electoral en diciembre del año de la elección.

“(Para esa fecha) Pues la elección ya pasó, entonces no habría topes de campaña, entonces estamos valorando si mandamos la iniciativa al congreso de la unión la palabra ‘previo’ o un exhorto para que no pongan en riesgo los topes de campaña”, explicó el priísta Guerra Urbiola.

Durante la sesión de pleno, el diputado panista Apolinar Casillas Gutiérrez, presidente de la Comisión de Gobernación, puntualizó que la reforma a la ley orgánica del poder judicial pretende crear el nuevo Tribunal Electoral del Estado de Querétaro y quitarle al poder judicial la capacidad de conocer la justicia electoral.

Este Tribunal Electoral se integrará por cinco magistrados, de los que tres serán propietarios y dos supernumerarios y será el senado el que tendrá la facultad para nombrar a sus integrantes, conforme se estableció en las reformas federales en la materia.

Asimismo, Guerra Urbiola reconoció el esfuerzo de las seis fracciones para lograr un acuerdo que permitiera armonizar las legislaciones federales como parte de la reforma electoral y resaltó la reingeniería en esta materia.

“Se establece una unidad especializada en fiscalización, que si esta facultad le es delegada a la autoridad local, a través del Instituto Nacional Electoral, será el órgano local el que se encargue de la fiscalización de las campañas, pero dependiendo de que el INE delegue la capacidad”, agregó.

Subrayó la diferenciación del calendario federal con el local, ya que el 15 de enero será la fecha para registrar coaliciones y candidaturas comunes, para iniciar el proceso electivo el 1 de febrero y entre el 12 y el 15 de febrero el inicio formal de precampañas, que no podrán durar más allá del 15 de marzo y los registros se den entre el 22 y 29 de marzo.

“Al final es una fórmula que funciona y que nos diferencia a nivel nacional, respecto de las participaciones de quienes tengan el carácter de ser precandidatos”, reiteró Braulio Guerra.

El diputado de Movimiento Ciudadano, Marco Antonio León Hernández, destacó que ya no podrá darse la sobre representación de los partidos políticos lamentó que la reforma no entendiera la inconformidad de los ciudadanos.

“Se empeñó en burlarse de los ciudadanos imponiendo la fuerza bruta de los partidos. La reforma federal nos invadió, nos sometió y aunque en Querétaro hemos tratado de aminorar el impacto, no ha sido suficiente, por esa razón mi partido a nivel nacional ha interpuesto una acción de inconstitucionalidad”, explicó León Hernández.

Subrayó que en el caso local, su inconformidad tiene que ver con las candidaturas ciudadanas, porque no les otorga igualdad frente a los candidatos de partidos políticos, porque deberán tener más requisitos para registrarse y mayor rigor en las sanciones.

Insistió que es clara la desproporción de recursos y facilidades de los partidos, mientras que se dificulta el paso de candidatos independientes.

A su vez, el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Gerardo Ríos Ríos, lamentó que muchas de las reformas generan centralismo, pero también buscan brindar mayor certeza y equidad ante las prácticas antidemocráticas en los procesos electorales.