Acusan represión política contra preso indígena

AMEALCO DE BONFIL, Qro., 25 de febrero de 2015.- Familiares y vecinos del señor Marcelo Clemente N, quien se encuentra preso en Centro de Reinserción Social Varonil (CERESO) de San José El Alto acusado de despojo, se reunieron con el diputado local Rosendo Anaya Aguilar, para solicitar su intervención en este caso, donde señalan que las autoridades han violentado sus garantías individuales, según se dicta en un comunicado del legislador.

Clemente N es un indígena amealcense originario de la comunidad de Santiago Mexquititlan, y fue privado de su libertad el pasado 26 de enero e ingresado al CERESO a tan sólo dos horas de su detención, sin respetar, supuestamente, las setenta y dos horas que le garantiza la Constitución para poder llevar a cabo la averiguación previa y configurar el tipo de delito para poder procesarlo.

Los denunciantes manifestaron que durante esas dos horas tampoco se le brindó asistencia de un abogado defensor, y mucho menos de un interprete de lenguas indígenas quien lo auxiliara durante el proceso, lo que genera sospecha por parte de los familiares, quienes señalan que podría tratarse de represión política por parte de esta administración estatal.

Los familiares de Marcelo Clemente N señalaron que desde 1996 les fue entregado el predio denominado Segundo Barrio de Dolores, ubicado en el municipio de El Marqués, por la extinta Secretaría de la Reforma Agraria; predio que actualmente ha sido declarado por la SEDATU como propiedad de la nación, mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado desde el 30 de diciembre de 2014.

El presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la LVII Legislatura del Estado, Rosendo Anayam, indicó que estará solicitando reuniones con el titular del Tribunal Superior de Justicia, y con el comisionado de Derechos humanos en Querétaro, para que los denunciantes puedan ser escuchados, toda vez que los demandantes no han acreditado la propiedad del predio y su familiar sigue encarcelado.

Rosendo Anaya, calificó este asunto como una incongruencia del Gobierno del Estado en cuanto al tema de justicia social y la atención a este sector: “las familias de este predio viven en condiciones deplorables, tal es el caso de Clemente N que habita una casa de madera y lámina, donde pernocta semanalmente para poder trabajar en la capital”, manifestó.

En ese sentido, señaló que que los esfuerzos para impulsar y garantizar los derechos indígenas deben ir más allá de aplicaciones digitales, que efectivamente ayudan en parte, pero no resuelven las las necesidades más apremiantes de estas familias.