QUERÉTARO, Qro., 1 de octubre de 2014.- A un año de que se presentaron pruebas y testimonios ante ambas instancias, el diputado León Hernández no ha sido llamado a comparecer por su probable responsabilidad en los delitos que se le imputan como lo son tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

El regidor de Movimiento Ciudadano, José Luis Aguilera Rico, hizo un llamado al Procurador de Justicia del Estado, Arsenio Durán Becerra, a que no exista impunidad en los procesos que se le siguen al diputado Marco Antonio León Hernández, a quien se le acusa por presunto abuso de autoridad.

Recordó que hace un año se presentaron denuncia, y a lo largo de este tiempo se ha contado con el testimonio de más de 12 testigos en contra de León Hernández, sin que hasta el momento exista una determinación legal por parte de las autoridades, pues ni siquiera ha sido citado a declarar.

“No han citado el probable señalado, como abogado es lamentable que la PGJ tome la determinación de no llamarlo cuando una denuncia normal de cualquier ciudadano no tarda ni menos de 15 días en poderte citar a declarar ante el Ministerio Público”, señaló.

Es así que el regidor acusó falta de interés para resolver los procesos correspondientes que se le siguen al diputado, pero sobre todo omisión por parte de las autoridades, al subrayar que se trata de un posible desvio de recursos en perjuicio de los queretanos por alrededor de 5 millones de pesos, delito que presuntamente cometió durante su gestión como regidor en el periodo 2009-2012.

“Hacemos un llamado al Tribunal de Responsabilidades Administrativas del Municipio de Querétaro para que inicie el citatorio correspondiente a Marco Antonio León Hernández y pueda venir a declarar por su probable responsabilidad en la desviación de recursos públicos”, indicó.

Aguilera Rico, pidió que a esta denuncia se le dé un seguimiento objetivo y una respuesta oportuna, a fin de que Marco Antonio León Hernández pueda responder por los delitos que se le acusa y en caso de comprobarse su responsabilidad, sea sancionado por ley como lo sería cualquier otro ciudadano.