Visión Financiera 

Extradición de Óscar Herrejón bajo la lupa

La extradición del ex ejecutivo bancario Óscar Herrejón Caballero desde Italia, marca un episodio que trasciende el ámbito jurídico. Acusado de violación equiparada por una excolaboradora, se espera que a su llegada a México, este miércoles, el empresario sea ingresado al penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, donde el Poder Judicial del Estado de México, encabezado Ricardo Sodi, determinará su situación legal.

A la espera de concretarse su entrega a la justicia mexicana, su caso ha encendido alertas en diversos sectores, en particular por la relación que guarda esta familia con políticos como Alejandro “Alito” Moreno, líder nacional del PRI, lo que aviva especulaciones sobre posibles influencias en el curso del proceso. 

Esto ha provocado que dicha causa judicial adquiera, además, un matiz político y que sin duda, preocupa al fiscal de la entidad, José Luis Cervantes y la gobernadora mexiquense Delfina Gómez, quien en más de una ocasión ha asegurado a las mujeres del estado que “no están solas”, en especial cuando el tema atañe a la violencia de género.

En particular, los focos están puestos sobre Sodi Cuellar -quien aspira a un lugar en la Suprema Corte- y sobre el juez de control Emmanuel Ruíz Albarrán que presidirá la audiencia del empresario. 

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Herrejón Caballero enfrenta la justicia. En abril pasado, ya había sido detenido por otra acusación de violación, aunque en aquella ocasión el juez determinó no vincularlo a proceso. 

El Ministerio Público continuó perfeccionando el expediente a fin de reactivar la orden de aprehensión que finalmente se concretó en junio pasado, mientras asistía a la boda de su hijo, Manuel Herrejón Suárez, director ejecutivo de Masari Casa de Bolsa, en una zona exclusiva de Italia.

El desenlace del juicio no sólo determinará la situación legal de Óscar Herrejón, sino que también representa una oportunidad para el sistema judicial de mostrar que puede actuar con firmeza y sin influencias.

*** Una más de Moyá Moyá

A las acusaciones contra el llamado Zar de las Solicitudes de Información, José Luis Moyá Moyá, que fue aprehendido en octubre pasado por autoridades judiciales de la Ciudad de México por delitos de extorsión, se le suma un video en Youtube donde se le relaciona con Óscar Guerra Ford, ex comisionado del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) que cobrara relevancia luego de que fue relegado por haber hecho uso de una tarjeta institucional en un centro nocturno. 

El video, aún disponible en la plataforma, también apunta a los presuntos nexos de Moyá con la familia Mena que, a través de una de sus empresas estrella, Continental Automotriz, le habría realizado depósitos en efectivo por sus “servicios”. 

Esta firma, propiedad de Héctor Mena Abascal, asesinado en su domicilio en febrero pasado, tenía contratos por más de mil 136 millones de pesos como proveedor principal de vehículos para diversas administraciones estatales. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), entonces a cargo de Ernestina Godoy, continúa armando el caso en contra de este personaje.

*** Frenar vehículos obsoletos

TOME NOTA *** El ingreso descontrolado de vehículos pesados chatarra representa un problema crítico para México. Mientras antes se recibían alrededor de 9 mil unidades de este tipo al año, en 2023 podrían superar las 30 mil. 

Estas cifras no solo reflejan un impacto negativo en la economía, al desplazar la producción nacional que genera empleos e ingresos fiscales, sino también en la salud pública y el medio ambiente debido a las emisiones contaminantes que estas unidades antiguas generan. 

Este incremento desincentiva el desarrollo local y debilita el mercado interno de vehículos nuevos y eficientes. Frente a esta situación, es crucial que las autoridades actúen de inmediato. 

La Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Economía deben actualizar los estándares de importación y fortalecer la regulación para limitar el ingreso de estas unidades obsoletas. Frenar esta práctica garantizará un mercado más equitativo e impulsará la transición hacia un transporte más limpio y eficiente.