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QUERÉTARO, Qro., 13 de noviembre de 2024.- El tribunal penal más alto de Argentina confirmó este miércoles la sentencia de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos a Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta y principal figura política del país en las últimas dos décadas. Esta condena, dictada en 2022 por un tribunal federal, se debió a un caso de defraudación al Estado, en el que se le acusó de haber asignado irregularmente obras públicas a un empresario cercano durante su mandato presidencial (2007-2015).
Sin embargo, la exvicepresidenta (2019-2023) y líder del peronismo no perderá su libertad ni se verá obligada a renunciar a su aspiración de presentarse nuevamente a cargos públicos en el futuro cercano. Fernández tiene previsto apelar la decisión ante la Corte Suprema, un proceso que podría extenderse por varios años.
La sentencia inicial, dictada a finales de 2022, consideró que Fernández había favorecido al empresario Lázaro Báez, vinculado a la provincia de Santa Cruz, a través de contratos irregulares de obra pública. La exmandataria, por su parte, ha sostenido que la condena es parte de una persecución judicial impulsada por sectores opositores con el objetivo de sacarla de la escena política.
Junto a ella, Báez y varios exfuncionarios del gobierno de Fernández también fueron condenados a diferentes penas de prisión. La decisión de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal se tomó en una audiencia celebrada en los tribunales federales de Buenos Aires, aunque Fernández y los otros condenados no estuvieron presentes.
Fuera del tribunal, militantes kirchneristas se agruparon en protesta, acusando a la justicia de llevar a cabo una persecución política bajo el concepto de «lawfare», es decir, el uso del sistema judicial para debilitar a figuras políticas.