Indicador Político

Día 10. La otra causa: crimen
quiere capturar al Estado

Nadie discute que la estrategia de seguridad ponga énfasis en las causas sociales
de marginación en zonas territoriales de la delincuencia, pero existe otra causa –política y
de poder– que tendría que ser considerada como la raíz originaria de la violencia criminal:
los grupos delictivos son producto de la complicidad por omisión, por comisión o por
intereses de los tres niveles de gobierno y han configurado la capacidad organizativa y de
acopio de fuerza de las bandas que se han apoderado del 85% del territorio nacional.
La argumentación es clara: sin el apoyo de los niveles institucionales de los
poderes público, social y privado, todos los grupos criminales que han desatado la
violencia no tendrían razón de ser, salvo aquellos pequeños que solo operan en el
territorio de la seguridad pública y no de la seguridad interior que tiene que ver con la
protección del Estado para sí y del Estado hacia la sociedad.
Los pasados seis años tuvieron una estrategia de seguridad pública basada en la
persecución judicial del delito a los bienes privados de las personas. Pero en ese sexenio la
estructura de consolidación del crimen organizado como un poder de disputa con el
Estado fortaleció a la delincuencia a niveles insospechados: armas, impunidad, ausencia
de persecución de delincuentes, abandono territorial de la presencia disuasiva de las
fuerzas federales de seguridad, abandono de las policías estatales y municipales que
pasaron a formar parte de la estructura criminal, participación directa en elecciones de
autoridades locales y, de manera sobresaliente, la aplicación del modelo de gobernanza
criminal o pax narca: acuerdos no escritos con las bandas para permitirles operar en

zonas territoriales a condición de no capturar a las estructuras gubernamentales
municipales y estatales y federales y de no imponer la ley de la violencia para beneficiar a
los negocios criminales, pero con saldos negativos: las bandas usaron ese repliegue del
Estado para fortalecerse.
La persecución contra el Cártel de Sinaloa no fue una decisión del Gobierno
mexicano, sino una ofensiva estratégica del Gobierno de Estados Unidos con amenazas de
intervención directa de fuerzas americanas de seguridad y solo así se lograron trasladar a
prisiones estadounidenses a capos del cártel del Chapo y a funcionarios que los
apadrinaban, entre ellos, el secretario calderonista de Seguridad Pública, Genaro García
Luna.
La estrategia de seguridad de la presidenta Sheinbaum –todavía no plasmada en
un Programa formal que se publique en el Diario Oficial– ha aprovechado la estructura de
seguridad construida por el gobierno del presidente López Obrador y ha comenzado a dar
pasos cortos en contra de los grupos delictivos, pero sin saber si existe una estrategia para
encarar en grado de desmantelamiento total a los quince cárteles del crimen organizado
que están asentados en el territorio de la soberanía del Estado y en las estructuras
institucionales también del Estado.
La bandera de disminución de homicidios dolosos en la Ciudad de México es
significativa, pero eso no quiere decir que exista una estrategia para confrontar en grado
de desmantelamiento total a las bandas que siguen operando en los niveles de tráfico de
drogas, extorsión/derecho de piso, secuestros y control de pequeñas bandas que pagan
cuotas a las grandes para que los protejan de las autoridades.
A pesar de la estrategia del sexenio pasado, los grandes cárteles de Sinaloa y
Jalisco operan en la Ciudad de México y en los estados conurbados y en otras entidades
han surgido grupos delictivos locales que son los responsables del grado de violencia que
impacta el rubro más importante de la inseguridad: los homicidios violentos.
Las autoridades federales han eludido una lucha frontal contra los grandes cárteles
y los grupos delictivos más importantes porque significaría el estallamiento de una guerra
al estilo Felipe Calderón, pero en las altos niveles de las autoridades de seguridad se tiene

claro de que habrá de llegarse a un punto en el que se agudice la confrontación violenta
entre las fuerzas federales de seguridad y los diversos grupos delictivos que no conocen
de reglas de combate, que poseen armas de fuerza superior a la de policías estatales y
municipales y en algunas zonas equiparables a las de la Guardia Nacional, lo que
plantearía un escenario de guerra violenta que aumentaría los índices de bajas en
combate.
La estrategia de seguridad del 2006 al 2024 tiene claridad de que está
combatiendo a un poder criminal que quiere controlar zonas territoriales de la soberanía
del Estado a nivel federal, estatal y municipal, ante la política oficial de conformarse en los
niveles de contención disuasiva que podría bajar un poco las cifras pero que al final
permitirá la existencia cada día más fortalecida del crimen organizado y desorganizado.

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Política para dummies: la política como poder no conoce de reglas de combate
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