Indicador Político

Día -5. Crisis de inseguridad
porque crimen quiere ser Estado

El tono, contenido y retórica del debate legislativo de antier en la noche y la
madrugada de ayer para aprobar en el Senado la adscripción de la Guardia Nacional a la
Secretaría de la Defensa Nacional se volvió a quedar en la superficie: un cuerpo de
seguridad civil sin militarismo.
La discusión en las dos cámaras eludió las tres preguntas básicas sobre la
dimensión real de la configuración del crimen organizado:
¿Están conscientes los legisladores de la capacidad de organización, de fuego y de
activismo violatorio de los derechos humanos y de las reglas democráticas que están
demostrando las diferentes formaciones del crimen organizado en prácticamente toda la
República?
¿Son suficientes las reglas civiles basadas en reglamentaciones de derechos
estrictos que se crearon para proteger primero los derechos de los delincuentes, cuando
las bandas criminales hoy matan sin piedad a civiles?
¿Ha estado consciente en la oposición de que una organización de seguridad con
reglamentaciones y limitaciones civiles en seguridad pública carecerá de capacidad de
respuesta frente a la brutalidad de las bandas delictivas que se han visto en los últimos
años?
La respuesta es una: la alianza GN-Sedena es la última línea de defensa del Estado
y la sociedad contra el avance de la criminalidad en violencia, poder político y destrucción
de la gobernabilidad democrática.
En el debate legislativo de la madrugada de ayer se percibió un hecho que no pudo
ser profundizado: la argumentación del Gobierno federal para fundamentar su propuesta

de adscribir a la GN al área de organización de la Sedena se basa en casi los mismos tesis
que tuvo el presidente de origen panista Felipe Calderón Hinojosa en diciembre de 2006
para echar mano de las Fuerzas Armadas en un momento en que la criminalidad había ya
rebasado y corrompido a las agrupaciones policiacas de los tres niveles de gobierno e
inclusive a los mandos encargados de la seguridad pública en todo el país.
El proceso de deterioro de la seguridad comenzó con la corrupción de las policías
en los años sesenta, setenta y ochenta, cuyo punto culminante fue la revelación desde
Estados Unidos y en voz del embajador americano de entonces John Gavin y el Congreso
estadounidense de que las policías mexicanas de la Federal de Seguridad y de la Judicial
Federal y de muchas judiciales estatales estaban patrocinando los primeros cárteles de la
marihuana que fueron el fermento de los cárteles del crimen organizado.
El Plan Nacional de Desarrollo del presidente Miguel de la Madrid introdujo el
concepto de seguridad nacional y el papel de las Fuerzas Armadas en el mantenimiento de
la estabilidad política, y los primeros pasos fueron la contratación de militares como
encargados de seguridad de organismos civiles, aunque con resultados deficientes
A partir de 1982 el tema de las tres seguridades –pública, nacional e interior–
quedó fuera de los planes de estabilidad nacional. En 1984 y ante las evidencias de la
corrupción delictiva de la Federal de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, su titular
Manuel Bartlett Díaz decidió disolver la DFS como policía política del Estado pero ya al
servicio de los cárteles y fundar el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, una
oficina que ningún gobierno posterior ha sabido gestionar para darle una utilidad real y
funcional.
La decisión de crear la Guardia Nacional se basó en las evidencias de corrupción de
las diferentes policías federales, al grado de que el secretario de Seguridad Pública del
Gobierno de Calderón, Genaro García Luna, está a punto de ser sentenciado posiblemente
a cadena perpetua en Estados Unidos por complicidad con el narco. Una nueva policía civil
hubiera nacido con los mismos errores y las mismas perversidades y corruptelas de las
últimas, por lo que el presidente López Obrador tomó la decisión de que el nuevo cuerpo

de seguridad interna debería ser algo más que una policía con limitaciones y perversiones
civiles.
La clave de la reorganización de la Guardia en la Sedena se localiza en la estrategia
de seguridad nacional que defina la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para darle
funcionalidad a la nueva estructura de la agrupación creada para mantener la seguridad
interior, no solo la policíaca seguridad pública que persigue carteristas.
El otro punto decisivo radica en lo que está a la vista de todos y pero fue soslayado
de manera irresponsable por la oposición en el Congreso: el crimen organizado no quiere
solo robar al ciudadano sino que busca sustituir al Estado sus funciones de defensa de la
sociedad, de sus obligaciones sobre el desarrollo y de la responsabilidad de la
gobernabilidad democrática.
La batalla es entre el crimen organizado y el Estado nacional democrático.

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Política para dummies: la política es fin y no pretexto.
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