Libros de ayer y hoy
¡TODO ILEGAL EN LA
REFORMA JUDICIAL!
Está claro, para todo el que quiso verlo, que el 2 de junio del 2024
vivimos una elección de Estado, plagada de violaciones constitucionales,
además de la grosera intervención del presidente, del escandaloso uso de
dinero público y, sobre todo, por una campaña ilegal de seis años.
También está claro que, violando todos los postulados constitucionales
y legales, López Obrador no sólo impondrá a una presidenta espuria, sino que
destruirá la división de Poderes y acabará con el Poder Judicial.
Es decir que, por capricho, de forma ilegal y con todo el peso del poder
presidencial, regresaremos a los tiempos del viejo PRI autoritario, nada
democrático y, sobre todo, aliado con las poderosas bandas criminales; poder
fáctico que jugó un papel determinante en el fraude electoral de Estado.
Sin embargo, y a pesar de la fatalidad que significa la muerte de la
democracia mexicana, no podemos ignorar las graves violaciones a la Carta
Magna, a las que acudió la pandilla de Palacio para destruir la democracia.
Vamos por partes.
Seguramente muchos recuerdan que, ante la sorpresa de propios y
extraños, en la mañanera del lunes 15 de julio del 2024, López Obrador abrió
la posibilidad de que su anhelada reforma judicial pudiera fracasar.
Así lo dijo: “Que la gente decida quién debe ser juez, quién debe ser
magistrado y quién debe ser ministro… y si con argucias y concertacesiones y
con corrupción logran que no se lleve a cabo la reforma, pues va a ser muy
lamentable… Van a seguirse dañando a la sociedad, pero nosotros, y aquí
personalizo, en mi caso, dejo constancia de que no fui cómplice de esa
decadencia que se está padeciendo en el Poder Judicial”. (FIN DE LA CITA)
¿Qué significa la anterior advertencia del presidente mexicano? ¿Cómo
debemos entender, los ciudadanos de a pie, lo que en voz del presidente
parece una reforma fallida?
Lo primero que debemos saber es que, en una Constitución rígida, como
la mexicana, no hay lugar para el referéndum; consulta popular entendida
como: “El procedimiento por el que se someten al voto popular decisiones
políticas de especial trascendencia”.
Pero además, vale recordar que el Poder Constituyente se basó en la
Constitución de 1857 para sentar las bases de la actual Carta Magna y que, en
la discusión sobre consultar al pueblo, un diputado constituyente dijo lo
siguiente: “Como vamos a permitir una consulta al pueblo, si no sabe lo que es
una Constitución y además la mayoría del pueblo no sabe leer”.
Por eso preguntamos: ¿Hoy, cuántos mexicanos entienden lo que
significa la Reforma Judiocial?
Y viene a cuento porque, a querer o no, la reforma que proponen
Morena y Obrador es, en realidad, un referéndum popular, una consulta
prohibida por la Constitución vigente.
Pero el tema va más allá. Y es que sí analicemos la estupidez de la
reforma a partir de los números, el asunto resulta de risa loca.
Por ejemplo, en la CDMX, con un padrón de poco más de siete millones
de electores, cada votante recibirá la ridiculez de 580 boletas para elegir
jueces federales y locales, lo que significa que en cada centro de votación
existirán 580 urnas. Sí, 580 boletas y 580 urnas para elegir a jueces federales y
locales.
Esa locura significa que sólo en CDMX se imprimirían y distribuirían,
millones de boletas electorales, que costarían miles de millones de pesos.
¿Imaginan a un ciudadano que acude a votar y que debe cruzar 580
boletas, memorizar miles de nombres y pasar a depositar su voto en 580
urnas? ¿Imaginan la tarea descomunal de cruzar 580 boletas y localizar 580
urnas? Sí, una estupidez propia del demente de Palacio.
Además, el Artículo 16 constitucional establece el Principio de
Legalidad y dice que, toda autoridad “Actuará conforme a las facultades que
la ley le otorga”. Y según el artículo 89 de la Carta Magna, queda claro que
Obrador carece de facultades para promover cambios al Poder Judicial y a la
división de poderes.
Pero no es todo. El articulo 85 ordena: “Si antes de iniciar el periodo
constitucional la elección no estuviese hecha o declarada válida, cesará el
presidente cuyo período haya concluido y será presidente interino, el o la que
haya designado el Congreso….”.
Y aquí es donde el tema no sólo resulta ridículo, sino de risa loca.
¿Por qué?
Porque si el Tribunal Electoral no ha declarado válida la elección en la
que habría ganó Claudia Sheimbaun –porque el Senado no proceso el
nombramiento de dos magistrados faltantes–, entonces es ilegal e
inconstitucional el resultado de la elección del 2 de junio del 2024.
Es decir, que el árbitro electoral no cumple los ordenamientos
contitucionales para declarar la validez de esa elección presidencial.
Pero el tema es aún más complicado si vemos que en el Congreso y,
sobre todo, en la Cámara de Diputados, el INE y el Tribunal Electoral han
violado la Constitución al avalar una sobrerepresentación de diputados a favor
del partido oficial, Morena y de sus aliados.
¿Y eso qué significa?
Casi nada, que si Morena y sus aliados ganaron poco más del 50 Por
cientos de los votos para diputados federales, una interpretación tramposa del
INE y del Tribunal pretende darle al oficialismo poco más del 70 por ciento de
las curules en la Cámara de Diputados.
Y, por pura casualidad, esa sobrerepresentación violenta la
Constitución.
Y es que en la pasada elección federal, Morena y sus aliados no
alcanzaro los dos tercios más uno de los diputados fedrales. Y por eso han
acudido a la “chicanada” nada constitucional de la llamada “sobre-
representación”. Es decir, volver a violentar la Constitución para avalar la
destrucción del Poder Judicial.
¿Así o más claro que toda es ilegal en la reforma al Poder Judicial?
Al tiempo.